La conducción de la CGT repudió el allanamiento a la sede central del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) que ordenó “una jueza de ‘Garantías’ de Avellaneda en el marco de una causa cuyas irregularidades denunciadas por anteriores magistrados parecen claramente armadas”, y calificó el hecho como “gravísimo”.
“Esa causa parece claramente armada para perjudicar a dirigentes que defienden los derechos de los trabajadores”, expresó un documento firmado por los jefes de la central, Carlos Acuña y Héctor Daer, y Julio Piumato, del área de Derechos Humanos.
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“También preocupa a la CGT la falta de independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal bonaerense (al menos en Lomas de Zamora) por ser funcional a los deseos de los gobiernos provincial y federal”, puntualizaron los sindicalistas de Azopardo.
Para la CGT, el hecho fue más grave aún por “el despliegue inusitado e innecesario de 150 gendarmes, lo que pareció más una puesta en escena para desviar la atención de los graves problemas de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad”.
También afirmó que “la distracción innecesaria de ese número de gendarmes agrava la percepción de la comunidad respecto del manejo de las prioridades del gobierno”, y añadió que “ese número de efectivos sería de mayor utilidad protegiendo las fronteras de la Patria o inmersos en el combate contra el narcotráfico o el crimen organizado”.
Por último, la central se solidarizó con los trabajadores y dirigentes camioneros y ratificó su “rechazo” a “los ataques injustificados y permanentes a las organizaciones gremiales”.
