Audiencia pública por la Hidrovía: marítimos advirtieron que “no se puede seguir adaptando el río a los negocios”
El encuentro que reunió a 247 oradores buscó cumplir con las normativas ambientales y los principios de participación ciudadana, pero fue rechazado por la mayoría de los participantes por considerarlo ilegítimo. La Justicia había desestimado los pedidos de suspensión solicitados por organizaciones ambientalistas.
Este lunes se llevó a cabo la Audiencia Pública por la Vía Navegable Troncal Paraná–Paraguay mediante videollamada, convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). El evento reunió a representantes de la navegación, organismos públicos, universidades y organizaciones civiles, con el objetivo de presentar el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Hidrovía, en cumplimiento de la Resolución 48/2025, la Ley General del Ambiente (N° 25.675) y el Acuerdo de Escazú (Ley N° 27.566). Sin embargo, la mayoría de los oradores la rechazó, considerándola ilegítima.
Durante la audiencia, el Capitán Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, destacó la necesidad de incorporar una evaluación ampliada del impacto social, ambiental y climático antes de cualquier adjudicación de obras. En su exposición, sostuvo que “no se puede seguir adaptando el río a las necesidades comerciales; debemos adaptarnos al río para garantizar su sostenibilidad y su papel como fuente de recursos para toda la sociedad”.
Asimismo, Moreno advirtió que el informe oficial omitía evaluar la contribución del transporte fluvial a la mitigación del cambio climático, pese a ser el modo de transporte más eficiente y menos contaminante del sistema logístico nacional. Según el dirigente, migrar apenas el 10% de la carga de camión a barcaza entre Rosario y Buenos Aires permitiría reducir entre 250.000 y 300.000 toneladas de CO₂ al año, mientras que un tren de barcazas de 15.000 toneladas podría reemplazar hasta 500 camiones, con un consumo energético cuatro veces menor.
Además, el secretario general del Centro de Patrones advirtió sobre los riesgos de un dragado profundo a 44 pies, señalando que aceleraría el escurrimiento del agua hacia el océano y afectaría el equilibrio hídrico de una cuenca ya afectada por la fatiga ambiental y la variabilidad climática.
Subrayó que los estudios debían contemplar los impactos sobre comunidades ribereñas, humedales, biodiversidad y trabajadores, asegurando la participación activa de todos los sectores involucrados.
El contexto de la audiencia fue marcado por la preocupación de que el Estado argentino reconociera ante la Justicia no haber realizado evaluaciones ambientales sobre el dragado del Paraná en las últimas dos décadas. Moreno remarcó que esta falta de control contradice la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, y afirmó que la Hidrovía debería ser un motor de desarrollo sostenible y no una excusa para la depredación.
Por otra parte, la Justicia rechazó el pedido de suspensión de la audiencia presentado por organizaciones ambientalistas, quienes denunciaban que la documentación con más de 9.000 páginas en 25 archivos PDF era excesiva y carecía de resúmenes técnicos que facilitaran la comprensión del impacto ambiental.
La jueza Macarena Marra Giménez consideró que no existía riesgo irreparable para la comunidad y que la audiencia tenía un carácter meramente participativo, destinado a recibir aportes ciudadanos antes del proceso licitatorio.
Sin embargo, la audiencia dejó en evidencia la tensión entre el desarrollo comercial y la protección ambiental, y deja en claro la necesidad de que los próximos pasos de la licitación contemplen criterios científicos, sociales y ambientales, priorizando la participación de trabajadores, comunidades ribereñas y la soberanía nacional sobre los intereses comerciales.