Estados Unidos tiene un objetivo más importante que colaborar con la justicia argentina en el esclarecimiento del capítulo local del escándalo por los sobornos de Odebrecht. Su principal preocupación es que no caigan los acuerdos que firmó con Marcelo Odebrecht por su confesión de las coimas pagadas y las cláusulas de confidencialidad que implican también la devolución de parte del dinero operado que oscila en unos u$s1.000 millones. A las dificultades expresadas a la delegación argentina encabezada por Germán Garavano en una reunión con el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions se sumaron molestias del Departamento de Estado por el manejo de la promesa de cooperación estadounidense y con la difusión de presuntos listados, aportados desde ese país, con nombres de exfuncionarios argentinos e intermediarios que habrían estado vinculados al pago y cobro de sobornos. Por este motivo, ayer corrió como reguero de pólvora entre jueces y fiscales abocados a las causas locales relacionadas con obras adjudicadas a Odebrecht, que el viaje se cancelaría como muestra del malestar con las autoridades judiciales de Estados Unidos. Si la colaboración iba a ser dificultosa con el aporte directo de información por parte de ese país, la ausencia de confidencialidad sobre cualquier dato que pudiera nutrir los expedientes comprometería el estado de las negociaciones domésticas que acordaron los tribunales norteamericanos con Odebrecht.
Desde el Ministerio de Justicia negaron la cancelación del viaje para el que ya habían invitado a una nutrida comitiva de magistrados entre los que se contaba Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi, Daniel Rafecas y Sebastián Ramos (con sus respectivos fiscales y representantes de la Oficina Anticorrupción que aguarda ingresar a los expedientes como querellante). Ese periplo estaba previsto para el próximo 28 y 29 de junio. Desde la cartera que conduce Garavano admitieron que hubo un «stand-by» en un encuentro que iban a mantener fiscales con autoridades del FBI estadounidense. Sin embargo, también reconocieron que se está buscando fecha para coordinar el encuentro con los magistrados, lo que indica que ya no se concretará a fines de este mes.
A algunos de los magistrados involucrados les avisaron que el viaje quedaba en suspenso a raíz de problemas de agenda de los fiscales de los Estados Unidos. La confirmación de cuál es el status de la visita se confirmará en los próximos días, tal fue el mensaje que recibieron en sus despachos los magistrados que estaban administrando sus propias agendas para subirse al avión.
Como adelantó Ámbito Financiero el 6 de junio, la reunión entre Garavano y Sessions (que no tenía como eje central el caso Odebrecht) dejó poco y nada en concreto para los fines que el Gobierno perseguía para llegar a una vía alternativa que esquivara a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. La inmediata publicación de supuestos listados, que serían parte de informes extraoficiales, malhumoró al Departamento de Justicia que amenazó con cortar el vínculo de cooperación en el tema ante la eventual complicación del frente interno. A su vez, el Departamento de Estado trasmitió la molestia al Gobierno argentino que quedó perplejo ante lo que presupuso como un enturbiamiento de la relación. En despachos oficiales culparon al otrora superpoderoso exespía Antonio Horacio Stiuso, como el responsable de activar la difusión mediática de los informes que facilitó la justicia norteamericana.
La situación es análoga a lo que sucede en Brasil que solicitó al Superior Tribunal de Justicia de ese país que todos los datos que comiencen a fluir mantengan el status de reservados. Fuentes judiciales señalaron que la injerencia del Ejecutivo para acelerar los trámites terminaron por generar nubarrones en las celosas relaciones y acuerdos que los tribunales de otros países mantienen para compartir las pruebas reveladas en las delaciones premiadas. Hoy se espera el desembarco de Rodrigo Janot en el país para mantener reuniones con su par local, Gils Carbó con miras a aceitar los mecanismos de cooperación. Para aventar fantasmas, la jefa de los fiscales tiene previsto diseñar una logística que impida que cualquier pieza probatoria arribe a algún edificio comandado por la Procuración y que los fiscales sean los destinatarios directos ya sea vía Cancillería o vía justicia brasileña.
