[MADRID] Con tal solo un día de diferencia, tras la asunción de Pedro Sánchez como jefe de Gobierno español, las patronales del país han emitido un severo comunicado sobre la reforma laboral.
Desplazado Mariano Rajoy como cabeza de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ganó la pulseada para instituir como presidente de Gobierno a un joven economista madrileño y nuevo líder de su partido. Frente al parlamento, Pedro Sánchez prometió hacer de la igualdad, su eje principal de gobierno y declaró ante los legisladores: “Nuestra tarea será la cohesión social (…) es necesario estabilizar socialmente a nuestro país, atender las urgencias sociales que durante estos últimos años han sido postergadas por una ideología que ha hecho de la política económica, la precariedad y la desigualdad, su denominador común”, en referencia a las críticas que tuviera el Partido Popular (PP) a la hora de tratar la cuestión social en su programa de gobierno.
En este escenario de incertidumbre política, el principal conglomerado empresarial le reclamó a Sánchez que “deberá robustecer el crecimiento económico y no revertir las reformas ya en marcha como la laboral, que ha tenido un gran protagonismo en la salida de la crisis”. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) fue una de las protagonistas de la reciente reforma laboral que el PP materializó en 2011 y 2012.
Miedo
Apartado Mariano Rajoy por sospechas de corrupción, el PSOE tuvo el acompañamiento político del independentismo catalán, los nacionalistas valencianos y vascos y el partido erigido de la última crisis económica en España, Unidos Podemos. Esto provocó que las centrales empresariales emprendieran una estrategia defensiva para sostener el actual modelo de desarrollo español, donde la “pata” laboral es el apéndice más importante de su arquitectura legal.
El empresariado sostuvo políticamente la decisión de Rajoy de mantener a rajatabla dos pilares de su mandato económico: el rigor presupuestario y los objetivos del déficit fiscal (que han pasado del 9,6% en 2011, al 3% en 2017).
La llegada del PSOE, condicionado por las distintas expresiones del nacionalismo y la izquierda, amenaza la sinergia público-privada que se mantuvo asertiva desde la asunción de los conservadores.
Lo que está en juego
La reforma laboral española se materializó como respuesta de la crisis financiera internacional de 2008, donde en España tuvo una fuerte repercusión. A contramano de lo que sugieren los economistas, que recomiendan introducir reformas en época de bonanzas y no en crisis, la reforma fue presentada por el gobierno como “la fórmula para volver a crecer”.
La CEOE apoyó al gobierno del PP para sacar las leyes de trabajo, con el apoyo técnico y político del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea, principalmente direccionada por la Canciller Ángela Merkel.
En el diagnóstico de este tridente, los españoles “vivían por encima de sus posibilidades”, ya que el gasto público durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, había contaminado la mecánica de la economía, generando distorsiones.
En este marco, se introdujeron modificaciones en las áreas de contratación, negociación colectiva y despidos. El criterio común era la flexibilización del mercado laboral, para adecuarlo a la dinámica de ese momento económico.
Contrataciones laborales
Para combatir el elevado desempleo juvenil en una población principalmente compuesta por adultos mayores, se amplió los márgenes de contratación temporal hasta niveles absurdos. Se presentó este tipo de contratos para empresas de menos de 50 trabajadores, llamándolo “contrato de emprendedores”, por el cual se podía disponer de un trabajador por tiempo “temporal” de 12 meses sin derecho de indemnización por despido.
En igual dirección, la reforma flexibilizó los contratos de formación y aprendizaje (pasantías laborales), de manera tal, en que se permitiesen sucesivos contratos de este tipo en un mismo trabajador y por la misma empresa. Lo que en la práctica, convirtió a las pasantías en contratos temporales indefinidos.
De esta manera, se incrementaron los tipos de contratos de trabajo en distintas acepciones legales bajo una compleja arquitectura jurídica pero con un simple objetivo macroeconómico: permitir a las empresas reducir los costos salariales sin arriesgarse a introducir nuevos trabajadores a sus filas. Así las cosas, los trabajadores constituyeron un factor temporal de recursos de trabajo pero alineados a objetivos permanentes de la empresa.
Negociación colectiva
En materia de negociación sindical, se descentralizaron los convenios colectivos, estableciendo prioridad a los convenios por empresa. Lo que en realidad, redujo el poder de negociación de los gremios por rubro, dejando a su suerte a los delegados por empresa en la negociación con las patronales locales. Esto produjo que cada empresa modificara los convenios en el ámbito superior sin límites impuestos por los gremios, atenuando el poder de los sindicatos. Esto hizo que cayeran más de un 60% de los 4.500 convenios de trabajo vigentes en el año 2011, atomizando el mundo del trabajo.
Para el investigador José Ignacio Pérez Infante, de la Universidad Carlos III, “La normativa laboral del gobierno del PP, ha producido una alteración profunda de la máxima transcendencia en el marco de las relaciones laborales y en la regulación del mercado de trabajo, pudiéndose calificar de contrarreforma laboral”1.
Despidos exprés
La reforma del 2012, rebajó la indemnización por despido improcedente de 45 días de salario por año de servicio, a 33 días con un tope de 24 mensualidades de servicio como máximo. Ello abarató los costos de despedir a un trabajador de manera improcedente; mientras que en los denominados “despidos procedentes” (o por causas objetivas), la indemnización se sostuvo en 20 días de salario por año de servicio, con un límite de 12 mensualidades.
La reducción cuantitativa de la flexibilización de los despidos, fue acompañada de una flexibilización cualitativa. Se eliminó la necesidad de autorización administrativa para despedir a un empleado, al tiempo que se ampliaron las causas para el despido objetivo. A partir de estos cambios, la simple reducción interanual de los ingresos de la empresa o la caída de sus ventas de tres trimestres consecutivos, pasaron a constituir causal de despido objetivo.
Con ello, los riesgos propios de la naturaleza económica de las empresas, pasaban a ser una carga de los empleados y no así de sus directivos. En un contexto de crisis económica, la reforma vino como anillo al dedo a determinados sectores empresariales, para descomprimir sus gastos en materia de salarios, haciendo caer los indicadores de la economía, mientras estos grupos conservaban el capital sin variaciones.
A modo de cierre
La reforma laboral del PP, tuvo tres objetivos. Reducir los costos de contratar a un empleado y despedirlo, y evitar que los sindicatos tuvieran fuerza para oponerse a la decisión discrecional de la empresa. Sin embargo, quien fuera el promotor de este marco de las relaciones laborales, no se encuentra más en la Moncloa (palacio de gobierno). De allí, el temor de los sectores empresariales en que las condiciones de esas relaciones instituidas en 2012, sufran un cambio.
El nuevo presidente de Gobierno español, tiene en su escritorio la facultad para impulsar cambios en la reforma laboral de 2012, para finalmente poder modificar la ingeniería legal que destruyó los pilares del Estatuto de los Trabajadores de 1980.
Atentos estarán los ojos del FMI y la Comisión Europea ante eventuales cambios. Como también, los de nuestro país. Donde el presidente argentino Mauricio Macri -de abiertas simpatías con Mariano Rajoy- se debate actualmente por introducir cambios legales en el mundo del trabajo. El escenario está abierto.
* Licenciado en Relaciones Internacionales y Director del Consejo de Estudios Interdisciplinarios Económicos y Políticos www.CEIEP.org.
