El responsable de la diplomacia iraní advirtió que de ser necesario llevará la cuestión ante el Tribunal Internacional de la ONU en La Haya.
«Es un robo», consideró Zarif, citado por la agencia de noticias ANSA, sobre la decisión tomada por la Corte Suprema estadounidense, que la semana pasada determinó que los 2.000 millones de dólares pertenecientes a la República Islámica y congelados en el Citibank de Nueva York, sean distribuidos a los parientes de las víctimas de los atentados en Beirut y Arabia Saudita.
«Es un ultraje a la ley internacional», resaltó Zarif e informó se está ya constituyendo un comité de juristas iraníes para enviar el proceso contra el «Gran Satán», como es definido Estados Unidos por los ultra conservadores de la República Islámica y por el mismo guía supremo, el ayatollah Ali Jamenei.
La sentencia corre el riesgo de provocar nuevas tensiones entre Washington y Teherán, después del acuerdo sobre el programa nuclear alcanzado el 14 de julio de 2015, y de debilitar la posición aperturista del presidente Hassan Rohani, ya bajo presión en cuanto que el fin de las sanciones aún no recuperó la actividad económica del país.
El ministro apuntó que «desde un principio» el gobierno iraní «no reconoce las leyes extraterritoriales de Estados Unidos» y considera la decisión judicial estadounidense «nula e inválida» y parte de una «grosera violación de las leyes internacionales».
La semana pasada la Corte Suprema estadounidense determinó la entrega de 2.000 millones de dólares de activos iraníes congelados en Estados Unidos a los familiares de 241 marines muertos en 1983 en un ataque terrorista en Beirut, supuestamente patrocinado por la República Islámica, y de otro ataque terroristas en Khobar, en Arabia Saudita, en 1996.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó hoy que 2.000 millones de dólares de activos iraníes congelados en el país deben ser entregados a los familiares de 241 marines muertos en 1983 en un ataque con bomba en Beirut, supuestamente patrocinado por el gobierno iraní.
Con 6 votos a favor y 2 en contra, los 8 jueces que actualmente conforman el alto tribunal determinaron que el Congreso había actuado dentro de sus capacidades y fallaron a favor de más de 1.300 familiares de la víctimas del atentado contra el cuartel general de los marines en la capital de Líbano.
Asimismo, entre los beneficiados por el fallo de la Corte Suprema también se encuentran los familiares de los 19 militares estadounidenses que murieron en 1996 en un atentado contra un complejo de viviendas militares conocido como Torres Khobar, en la ciudad saudita de Dahran.
Con su decisión, el alto tribunal confirmó fallos de cortes federales inferiores de 2007 y 2014 que determinaron que las familias de las víctimas de atentados extremistas debían recibir el dinero congelado a Irán.
La primera demanda fue interpuesta en 2001 -un mes después de los ataques del 11 de septiembre de ese año en Estados Unidos- por Deborah Peterson, cuyo hermano Lance Corporal Knipple murió en el atentado de Beirut.
