El primer ministro francés, Manuel Valls, reafirmó hoy su intención de seguir adelante con el cuestionado proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno socialista, pese a la ola de protestas y bloqueos que amenaza con provocar un desabastecimiento de combustible y dejar sin energía eléctrica a miles de franceses.
«Los franceses vivimos una especie de depresión nacional o, más bien, de falta de confianza en nosotros mismos, lo que acentúa los temores. A veces hay demasiado pesimismo en nuestra sociedad, un sentimiento de declive, de una Francia que pierde su lugar en el mundo», consideró el jefe del gobierno galo en declaraciones al diario Le Parisien.
Valls aseguró en la entrevista que su patriotismo rechaza esa visión decadente de Francia para apreciar «signos positivos» en los que apuntalar el optimismo, como «el crecimiento económico, la inversión de las empresas, el consumo de los hogares y el paro (desempleo), que comienza a bajar».
«Pero para hacer bajar el paro, las empresas tienen que ser competitivas», opinó Valls en defensa de la reforma laboral y reiteró que ni retirará el texto ni eliminará el polémico artículo 2, que privilegia los acuerdos entre empresario y trabajadores frente a los convenios colectivos.
La reforma contemplaba la primacía de la negociación directa entre empresario y trabajador, por encima del código de trabajo y los convenios colectivos; establece un techo en las indemnizaciones por despido improcedente y establece las condiciones que justificarían el despido económico.
El texto va en la línea de las reformas que la Unión Europea (UE) exige a Francia, y tanto Valls como Emmanuel Macron, ministro de Economía, afirman que otorga flexibilidad a las empresas, que es beneficiosa para los más jóvenes y da más garantías a los trabajadores.
Sindicatos y estudiantes, por el contrario, dicen que es una ley puramente neoliberal que busca debilitar a los trabajadores y hacer más fácil y más barato despedir a empleados, además de suponer un retroceso a la situación laboral del siglo XIX, agravado por el hecho de que es impulsada por un gobierno socialista.
En palabras del secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martinez, se trata de “una vuelta al siglo XIX” en términos de legislación laboral.
Tras una dura semana de protestas en las que la CGT ha realizado bloqueos en sectores estratégicos como el petrolero y la electricidad, y los manifestantes han sido fuertemente reprimidos en las ciudades, Valls reafirmó su intención de no negociar y criticó a los manifestantes por atentar contra la «libre circulación».
