La contienda entre el servicio público y las empresas privadas de transporte de pasajeros vía aplicaciones, en Rosario, han profundizado el conflicto llegando al estamento judicial para dirimir la legalidad y la fiscalización de estas compañías que, en principio, no se ataban a las ordenanzas locales.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario rechazó días atrás un recurso de amparo presentado por la aplicación de traslados Cabify a fines del 2019 –tras el cual la empresa fue habilitada para funcionar en Rosario- y de este modo, la plataforma no podrá continuar con sus operaciones dentro de la ciudad.
Por su parte, este jueves el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que exhorta al Ejecutivo a otorgar nuevas licencias de remises. Deberá ser a través de una convocatoria pública que deberá llamarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de la presente Ordenanza. Estas adjudicaciones podrán ser dispuestas semestralmente por el Departamento Ejecutivo Municipal, en articulación con las instituciones representativas del sector.
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No obstante, esta normativa no cesa el debate en torno a su aplicación, por lo que tanto el debate en torno al funcionamiento del servicio como el lobby para favorecer una u otra interpretación de lo dispuesto por el cuerpo legislativo local seguirá.
En diálogo con Conclusión, el secretario general del Sindicato de Conductores de Remises (Sicore), Matias Vulectic Fantini ahondó sobre el reclamo que se viene realizando desde el gremio hacia el municipio.
«Hace rato que venimos caminando los pasillos en la Municipalidad y en el Concejo, pidiendo una modificación de ordenanza, un aggiornamiento y la posibilidad de que salgan a licitar las licencias de remís. La verdad que el sistema de uberización es un llamado de atención a la poca importancia que se le dio al servicio de remís», expresó el gremialista.
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Lo que plantean desde Sicore es que «aquellos trabajadores que quieran acceder al sistema puedan acceder a un trabajo digno y formal, como lo es el sistema público de remís, que tengan su licencia habilitada y no tenga que andar en la clandestinidad como Uber».
Vuletic agregó que desde el posible ingreso de estas empresas, en el Concejo comenzaron a tratar la ordenanza que aglomera al sector: «Hoy gracias a un esfuerzo en conjunto, entre la Cámara de Agencias de remises y la organización sindical, se da un aggiornamiento de la ordenanza, sobre todo en los puntos que tienen que ver en una apertura en la licitación de las licencias de remís y que estas sean transferibles«.
Sin embargo, el representante de los conductores apuntó a la precarización que llevan adelante estas plataformas. «Cabify pone en sus pantallas que va a cumplir con la legalidad donde tiene a sus trabajadores en negro y precarizados, por lo tanto nuestro primer reclamo es que formalice a sus trabajadores» y por otro lado, el referente apunta a que esta empresa «trabaja con autos que no están habilitados, o que están habilitados en otras localidades o que están habilitados en el aeropuerto, cosa que es doblemente grave».
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El dirigente fue muy específico al apuntar que lo que no se puede aceptar es «la competencia desleal», y expresó: «Nosotros no tenemos problemas con el tema de las aplicaciones, comprendemos la cuestión de la tecnología y permanentemente hablamos con los empresarios para que se aggiornen a la tecnología y en este momento nuestra actividad está llevando adelante una aplicación que va a contener a todo el sistema de remís legal».
El argumento que sostienen desde la entidad sindical, es que las empresas multinacionales deben respetar las ordenanzas y los reglamentos comerciales para hacer base en la ciudad. Vuletic explicó que «si quieren trabajar acá tienen que hacerlo con las reglas claras, para que haya una competencia leal sobre todo con los trabajadores en blanco. Cabify, Uber y el que venga a futuro, tiene que trabajar con los trabajadores en blanco. Nosotros resguardamos los derechos de los trabajadores».
Y aclaró que los conductores de remises en la actualidad «tienen una remuneración, obra social, recibo de sueldo, seguro de vida» por lo que hay que resguardar el trabajo local, ya que «estas empresas terminan con todos estos derechos».
