El calvario de las familias ante recortes en discapacidad: “Tuve que hacerme un monotributo social para que mis hijos accedan a las terapias”

Personas con discapacidad, familiares e integrantes de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Fundesc) se presentaron durante la mañana de este miércoles en la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ubicada en la esquina de Sarmiento y Rioja, en pleno centro rosarino, para exigir que tanto este organismo como la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informen de forma “urgente” qué pasará con las pensiones por discapacidad, las cuales están paralizadas y en revisión desde hace meses. En caso de no tener respuesta, se elevará una denuncia a la Justicia Federal.

La solicitud presentada ante la Anses y la Andis fue firmada por el abogado Luciano D’angelo debido a la revisión de pensiones que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La organización denunció que sólo la mitad de los beneficiarios se presentó ante las autoridades para justificar el cobro de esta asistencia, al tiempo que adelantó que hay rumores de que Nación podría dar marcha atrás con la medida.

La Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales entendió que el gobierno de Javier Milei lleva adelante un “ajuste brutal e inhumano sobre las personas con discapacidad”, con el que viola leyes, convenciones internacionales y derechos consagrados en la Constitución Nacional.

Paola es madre de tres niños con discapacidad, de 16, 14 y 11 años. En diálogo con Conclusión, contó la difícil situación que atraviesa su familia: “A inicios del 2022 les tramité la prensión por discapacidad y todavía no hay novedades. Anses me manda al Andis, dice que ya no es un asunto de ellos. Intenté comunicarte con el Andis, pero no pude, a otras mamás les pasa exactamente lo mismo”.

Y añadió: “Mis hijos tienen autismo, epilepsia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDH). Yo soy sola, estoy separada y tampoco recibo cuota alimentaria, el padre no me pasa el dinero porque renunció a su trabajo hace muchísimos años… Es súper difícil, yo vendo de todo, cosméticos, ropa, hago trueques, también recibo ayuda de familiares y amigos. El tema de las terapias también afecta muchísimo a los chicos, porque no están pagando a los centros terapéuticos. Al no tener la pensión, no tienen la cobertura de Incluir Salud y no acceden a terapias, no me quedó otra que pagar el monotributo social, pero también nos encontramos que con algunas terapias están interrumpidas porque no pagan”.

“La pensión es una miseria, pero nos ayuda. Le diría al Gobierno nacional que revea los ajustes que está haciendo, no pueden ajustar sobre las personas con discapacidad o jubiladas”, cerró Paola.

María, por su parte, tiene un hijo de 12 años con problemas de aprendizaje y hace casi veinticuatro meses que espera la pensión: “La situación es difícil, yo trabajo cuando me llaman, y mi marido también. Mi nene está con fonoaudióloga, psicopedagoga, neurólogos. En el 2023 pedí la pensión, me decían que en seis meses salía, pero pasaron casi dos años y todavía no sabemos nada”.

“Esto no se puede sostener –añadió–. A veces no tengo para llevarlo al médico, no puedo llamar a un ambulancia porque no entran adonde vivo. Anses y Andis se pasan la bola uno a otro, la última vez que puede hablar con Andis fue en diciembre. Mi nene no tiene ninguna prestación y las necesita”.

¿Rumbo a la Justicia?

El presidente de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Roberto Sukerman, habló con Conclusión y señaló: “Desde el gobierno de Milei no sale ninguna pensión por discapacidad en Anses y Andis, lo que es una violación a los derechos de las personas. Estas asistencias implican un mínimo ingreso y además el acceso a prestaciones médico-asistenciales de rehabilitación o todo lo que necesita la persona con discapacidad dentro de una obra social específica, que es Incluir Salud”.

“Esto es una violación a los derechos constitucionales y a los tratados internacionales, es muy grave. Sin embargo, ya pasó en el gobierno de Macri, quitaron pensiones, nosotros fuimos a la Justicia y las restituyeron. Ahora pusieron en revisión a estas asistencias, cuando ya fueron otorgadas. A las pensiones por discapacidad las da la Nación, para eso hace falta un Certificado Único de Discapacidad (CUD) que lo otorga la provincia, son dos entidades distintas, por lo que hay toda una serie de controles. Hay muy pocas personas con CUD, poco más de un millón. En Argentina, como mínimo, hay 5.000.000 de personas con discapacidad y solamente un 25% como mucho tiene su certificado y su pensión”, completó Sukerman.

El abogado manifestó que, de momento, presentaron un “pronto despacho” ante Anses y Andis. En caso de que los organismos no contesten a la brevedad, desde la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales recurrirán a la Justicia Federal para que resuelva la situación.

Asimismo, la Fundesc brinda asesoramiento gratuito a todas las personas con discapacidad, o a sus familias, que tengan problemas para tramitar la pensión. Quienes necesiten recibir información pueden contactarse con Sukerman al teléfono 341-5501820.

“Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de presentarse, que tienen discapacidades muy graves o no tienen el conocimiento ni el acceso o no terminan de comprender de qué se trata, cuando es algo que ya está consolidado. Hay discapacidades que están comprobadas y no se van a modificar. No estamos en contra de que se revise algo que está mal, pero poner en tela de juicio a todas las personas con discapacidad y que las hagan trasladarse para justificar que reciben esta asistencia es algo absolutamente cruel”, cerró el abogado.