Un juez federal ordenó al Gobierno reparar urgente tres rutas nacionales en el sur de Santa Fe
La Justicia Federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el departamento General López. El fallo alertó sobre el grave deterioro de los corredores y el riesgo que implica para quienes circulan por la región.
El juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa dispuso que el Estado Nacional avance con las reparaciones de los tres corredores que atraviesan el sur santafesino, luego de considerar acreditadas las deficiencias en las tareas de conservación y mantenimiento. La resolución fue dictada a partir de un amparo presentado por la Senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial y libre circulación.
E
.l magistrado consideró acreditado el incumplimiento de los deberes mínimos de conservación y mantenimiento de los corredores nacionales. En ese sentido, describió especialmente la situación de la Ruta Nacional 33, donde se registran “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos” que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios”.
Además, el propio organismo vial había reconocido la gravedad de la situación. Según consta en el expediente, la DNV había señalado en una nota interna que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”.
A partir de ese diagnóstico, se había licitado una obra a la empresa Rovial S.A. Sin embargo, el juez indicó que los trabajos se limitaron a bacheos parciales y posteriormente quedaron paralizados por falta de partidas presupuestarias. Asimismo, se realizaron tareas de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, aunque fueron consideradas “insuficientes” frente al estado general del corredor.
Por otra parte, la sentencia cuestionó el mantenimiento de las rutas nacionales 7 y 8 y apuntó contra Corredores Viales S.A., la empresa concesionaria de ambos corredores.
Respecto de la Ruta 7, el juez sostuvo que no se encontraba acreditado que se hubieran realizado “obras y/o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo” correspondiente al departamento General López.
En tanto, la situación de la Ruta 8 también fue considerada deficiente. La Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales y, según el fallo, la empresa solo pudo acreditar trabajos entre los kilómetros 359 y 362. Para el magistrado, esa intervención “no alcanza” para cubrir las necesidades de seguridad vial de todo el corredor.
Asimismo, Cuello Murúa rechazó el argumento de que las obligaciones de la concesionaria no contemplaban tareas de repavimentación. Por el contrario, señaló que debía garantizar “la mejora, reparación y mantenimiento” de la ruta.
Uno de los puntos centrales de la resolución es que el Estado Nacional no puede desligarse de sus responsabilidades por los cambios en las concesiones o por la redistribución de competencias entre organismos.
En ese sentido, el juez sostuvo que “esa situación no podía convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios”. Por lo tanto, ordenó que las reparaciones sean ejecutadas por el Estado, ya sea a través de Vialidad Nacional, del organismo que eventualmente la reemplace o de las concesionarias correspondientes.
Además, el magistrado rechazó los planteos de falta de legitimación formulados por Corredores Viales y por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Por otro lado, el fallo consideró que el deterioro de las rutas afecta derechos fundamentales de quienes viven y circulan por la región, entre ellos la libre circulación, la salud, la vida y la seguridad vial.
Para Cuello Murúa, el deterioro de los corredores constituye “un hecho público y notorio” para los habitantes del departamento General López. A su vez, consideró que las pruebas incorporadas al expediente demostraron que las acciones realizadas hasta el momento no fueron suficientes para garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad.
La decisión judicial se conoce en medio de los reclamos de intendentes, productores y transportistas del sur santafesino por el estado de las rutas nacionales. Además, el fallo se produce mientras avanzan nuevas adjudicaciones dentro del esquema de la Red Federal de Concesiones.
Además, en la parte resolutiva, el juez ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 33, 7 y 8 en los tramos correspondientes al departamento General López, con el objetivo de alcanzar su “transitabilidad plena”.