El Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, se reunió este martes con legisladores provinciales que integran la Comisión de información y seguimiento de las causas contra los exfuncionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, para evaluar medidas dentro de la justicia que ayuden a prevenir hechos de corrupción.  

“Los legisladores querían conocer la dinámica de la investigación y lo que más les interesaba era la proyección de la organización del Ministerio Público, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, detalló Baclini.

En tanto, reconoció que “hubo fallas” dentro del MPA para controlar el trabajo de los exfiscales y sostuvo: “Es muy difícil detectar este tipo de situaciones cuando las personas involucradas están en cargos tan altos. Es importante que se fortalezca la auditoría, porque va a llevar a cabo el control del desempeño de los fiscales”.

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El Fiscal General admitió que las acusaciones por corrupción que pesan sobre Serjal y Ponce Asahad fue algo “muy sorpresivo” e inesperado, mientas que aclaró que todavía no se definió si le prorrogarán la prisión preventiva a los exfuncionarios del MPA.

Baclini destacó la importancia de “establecer un adecuado control sobre el órgano” y aseguró que “en la provincia tenemos una cantidad de fiscales que tiende a ser satisfactoria, pero faltan empleados”.

Por otro lado, también se refirió a los homicidios ocurridos en Rosario en el mes de septiembre e indicó que “muchos son por la problemática de tráfico de drogas y dominio territorial. También hay situaciones sumamente conflictivas, como situaciones de robo”.

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Por su parte, el diputado provincial Joaquín Blanco detalló: “Le pedimos al Fiscal General que nos describa la situación presupuestaria del organismo y evidentemente hay falencias, hay necesidades de personal dentro de la Fiscalía General de Rosario y de la Auditoría General, que es la que controla el funcionamiento de la Fiscalía”.

Y agregó: “También le preguntamos por los mecanismos de control, cómo se selecciona el personal, cómo se controla su patrimonio, qué alertas tempranas hay de que un fiscal decida investigar o no un presunto delito. Hay un trabajo conjunto que tenemos que realizar con la Legislatura”.

En relación a la cusa de los exfiscales, Blanco sostuvo: “Estamos ansiosos por el juicio, porque entendemos que acá los fiscales tendrán que ampliar las pruebas y se tiene que saber la verdad”. En este sentido, pidió que el juicio inicie antes de fin de año.

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Al respecto, el legislador informó que en la reunión se le preguntó a Baclini por otros delitos conexos en los que Ponce y Serjal podrían estar involucrados, pero el Fiscal General respondió que no hay elementos para tales acusaciones. “Le manifestamos que había comentarios muy firmes de que Ponce Asahad, cuando tuvo a su cargo la Fiscalía de Flagrancia, estaba vinculado con hechos de corrupción vinculados con liberar autos retenidos en el marco de la pandemia de coronavirus y Baclini nos expresó que no había denuncias formales sobre esta situación”, agregó.

“Es muy importante controlar el patrimonio de los fiscales y del personal que trabaja en la Auditoría. Cuando hay causas que se dejan de investigar mágicamente, son alertas que nos pueden dar indicios de corrupción”, indicó el diputado santafesino.

En lo que concierne al juego clandestino, el legislador informó que se pidió “una radiografía, un mapa del juego ilegal en Santa Fe, para analizar cómo se van unificando las investigaciones y las convivencias que pueden existir entre factores de poder y factores policiales dentro de este delito”.