El Ministerio Público de la Acusación (MPA) rechazó la creación de una comisión que investigue a los funcionaros judiciales y consideró que esta acción denota una “gravedad institucional inusitada” y “está fuera de todo marco legal”.

En su última sesión -que tuvo lugar el pasado jueves 25 de febrero- la Cámara de Senadores de Santa Fe creó la Comisión de Estudio, Investigación, Seguimiento y Evaluación del Funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, una iniciativa que fue presentada por el legislador Rubén Pirola.

Sin embargo, esta Comisión fue fuertemente rechazada por el MPA. El pasado viernes, un día después de la sesión legislativa, se realizó una reunión extraordinaria de la Junta de Fiscales, donde se formuló un comunicado al respecto.

El documento –que fue emitido este lunes- destaca que esta decisión de la Cámara Alta “denota una gravedad institucional inusitada y es una clara intromisión en el MPA y en las investigaciones penales en curso, es un avasallamiento no sólo al MPA sino al Poder Judicial en su conjunto”.

Además, desde el MPA destacaron que esta Comisión “está fuera de todo marco convencional, constitucional y legal y contradice los artículos 5; 6 y 29 de la Constitución Nacional y los artículos 1; 2; 9 y 46 de la Constitución Provincial”.

Asimismo, denunciaron que la medida fue aprobada por el Senado provincial “de forma irreflexiva”, ya que sólo habían pasado 24 horas desde la presentación del proyecto.

Para las autoridades del MPA esta iniciativa “se fundamenta en afirmaciones falaces e imprecisas” y destacaron que, contrario a lo que argumentaron algunos legisladores, “el desarrollo de las investigaciones penales referidas demuestra el correcto y eficaz funcionamiento del organismo en su función de persecución penal, así como de los mecanismos internos de control, con la intervención de la Auditoría General de Gestión”.

Por otro lado, también señalaron que la Comisión creada por el Senado se contrapone a lo que establece la ley provincial 13.013, donde se asegura que el MPA “tiene sus propios sistemas de control que fueron establecidos en su ley de creación y modificados por el Poder Legislativo de la provincia en diversas oportunidades”.

“En el supuesto caso de que se materialicen y exterioricen actos que impliquen el ejercicio ilegítimo de la función pública mediante la realización de algunas de las acciones previstas como ‘facultades’ de esta comisión, se podría configurar la ejecución de delitos de ejercicio de funciones correspondientes a otro cargo (artículo 246 tercer inciso del Código Penal) y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal)”, enumeraron las autoridades del MPA.

En tanto, denunciaron que si la Comisión tiene el aval para recibir denuncias y pruebas de los hechos que son objeto de la investigación, se convertiría en “una especie de organismo judicial paralelo y se estarían dando a conocer a personas ajenas a la investigación pruebas cuya divulgación podría entorpecer el curso” del proceso.

Y añadieron: “No se establece en su caso el procedimiento que habrá de seguir a partir de su recepción, pudiendo incluso dilatar su conocimiento por parte de los órganos fiscales encargados por ley del ejercicio de la acción penal pública”.

Al respecto, desde el MPA también rechazaron que la Comisión pueda requerir y recibir declaraciones testimoniales, ya que “no existe ley que permita a los legisladores provinciales ‘requerir’ a los ciudadanos que concurran a prestar declaración testimonial en el marco de investigaciones de naturaleza penal”.

Finalmente, informaron que la creación de esta Comisión será informada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincia; a las cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación; al Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; a las asociaciones de Fiscales y Funcionarios del MPA; al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y a las Universidades Nacionales del Litoral y de Rosario.

Uno de los motivos que impulsó que la Cámara de Senadores de Santa Fe cree esta comisión, es el reciente enfrentamiento que hubo entre los fiscales y los legisladores, ya que los primeros solicitaron el desafuero del senado por San Lorenzo, Armando Traferri, para que pudiera ser investigado en una causa que lo involucraba a una red de juego clandestino. Sin embargo, la Cámara Alta se opuso al desafuero.