Este miércoles, se reunió la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, para tratar el proyecto del senador Edgardo Kueider, que establece la disminución de las tarifas del servicio eléctrico, y cuyo tratamiento el entrerriano había puesto como condición para dar quórum en la sesión en la que el oficialismo buscó aprobar 75 pliegos judiciales, la ley de fluoración de la sal para consumo humano, el proyecto que crea el Programa Nacional de Libros Para Aprender, el que crea el tratamiento y la prevención de la pubertad precoz y el que establece los procedimientos médico-asistenciales para la atención ante la muerte perinatal y otro que se encontraba en revisión que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de tropas nacionales para participar de ejercicios militares.
Kueider sostuvo en el marco del desarrollo del debate que su proyecto “responde a una fuerte demanda de la sociedad que tiene que ver con el costo de la energía eléctrica. En las provincias nos viene impactando desde hace mucho tiempo. De hecho, mi proyecto fue presentado a principio de año» y agregó «en la Ciudad de Buenos Aires se están sintiendo recién ahora esos aumentos, porque no habían operado, como sí lo hicieron en el interior en el verano”. En tanto que advirtió que “los impactos han llegado a niveles muy complicados para las economías regionales, el comercio y la gente común”.
El legislador se focalizó en la falta de equidad de tarifas en relación a los precios que pagan los habitantes de distintos partes del país, “sigue habiendo una inequidad total entre el costo que se paga por la energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior, por distintos factores: costos de distribución, dada la concentración de medidores que hay en CABA, por ejemplo, el costo es muy menor a lo que sucede en el resto del país; y porque hay circunstancias que deberían ser tratamiento de este Congreso vinculadas a la falta de actualización tarifaria del órgano regulador”.
El congresista dijo ante sus pares que “recién ahora empezó a actualizar en cierta manera la tarifa y las distribuidoras no estaban pagando tampoco lo que corresponde a Camesa, lo que tiene mucho que ver también con esto, porque es muy fácil abaratar la energía cuando no se le paga al que la vende”.
Para dar una referencia, de la dimensión de lo que describió, ejemplificó con Enersa, la empresa de energía de Entre Ríos, y otras más pequeñas: “Están al día con Camesa, no le deben un centavo, y además hacen las inversiones correspondientes para no tener cortes. Y todo eso encarece el servicio, No sucede lo mismo con Edenor y Edesur, que han dejado de pagarle cifras multimillonarias a Camesa y por eso están sufriendo cortes”.
Es más, fue más contundente al señalar algunas simetrías del sistema cuando afirmó que el Estado nacional “interviene condonando parte de esas deudas y financiándosela a la otra parte en comodísimas cuotas en largos pasos y en pesos. Y todo esto lo pagan todos los argentinos. Esa situación de inequidad la tengo que definir como una falta total de federalismo… Un traslado hacia el interior de esos costos de energía eléctrica. Le terminamos financiando la energía a la Ciudad… Yo felicito a los ciudadanos de Buenos Aires que pagan la boleta barata, pero somos los del interior los que terminamos subsidiando esa energía”.
Puso también otro ejemplo al indicar que en el interior se genera electricidad. Por esa electricidad que genera Entre Ríos, por ejemplo, el Estado nacional paga a razón de 731 pesos el megavatio. “Un dólar y pico, una suma irrisoria… Tenemos que poner en debate los costos de financiación de la energía: ¿por qué, si ese es el costo, a las distribuidoras de todo el país se les vende a más de 13 mil pesos esa misma energía?”.
Al explicar puntillosamente su iniciativa, Kueider señaló que la ley propone modificar el IVA reduciéndolo del 21% al 5%, para el caso de usuarios residenciales; y en el caso de las PyMEs, del 27 al 10,5%. Por el efecto fiscal que eso podría tener, aclaró que su proyecto estaba abierto al debate, manifestándose dispuesto a aceptar los cambios que permitieran “generar un equilibrio en este tipo de puntos que son discutibles, pero no menos importantes”.
Además, precisó que su proyecto modifica la Ley 24.965, donde hay limitaciones por ejemplo para las hidroeléctricas binacionales. La iniciativa establece la forma de calcular el precio de la energía, no basándose en el costo de generación, sino estableciendo un precio promedio del mercado eléctrico mayorista.
Y abundó en relación al texto de la iniciativa el aumento de las regalías: “Todos sabemos que la modificación de la Constitución del 94 estableció que los ríos pertenecen a las provincias. Se creó el sistema de regalías donde están situadas las hidroeléctricas. Eso genera recursos para las provincias generadoras y esos recursos la ley propone que vayan directamente a la reducción de la tarifa eléctrica”, explicó.
Otra de las aristas que ofrece el proyecto, enuncia que se, «propone impedir a las distribuidoras que sean agentes de percepción de cualquier tributo. “Esto quiere decir que por ejemplo la tasa de alumbrado público que cobran muchos municipios lo hagan por los mecanismos que consideren pertinentes y no que las distribuidoras hagan esa recaudación en base al consumo eléctrico. Porque eso encarece la boleta de luz hasta el 16%, y porque es injusto e inequitativo.
Por último, refirió que «no puede ser que un kiosko que tiene 5 metros de frente y un consumo elevado, pague el 16% de tasa y alumbrado público, y a lo mejor una propiedad -residencial u otro comercio- que está pegada, con 20 metros de frente, con un consumo muy bajo de electricidad, por ejemplo una mueblería, paga un monto sustantivamente mayor sobre un servicio que ocupa mucho más que ese kiosquito. Esto se tiene que discutir en el ámbito de los municipios”.
