Buenos Aires – Enviado especial- Abogados y juristas de todo el país firmaron y entregaron este martes a las 17 una carta en la que plantearon la inconstitucionalidad del proyecto de ley del aborto a un grupo de senadores que conforman la comisión de Asuntos Constitucionales.

La nota también plantea la incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En el marco del funcionamiento de la comisión fue entregado el escrito en el mismo se advierte la existencia de «graves falencias jurídicas» de la media sanción enviada desde Diputados. Además, observa que en el caso que se convierta en ley, existe el riesgo de que abra el camino para que se incremente la litigiosidad ante la posibilidad de su aplicación.

Mario Fiad

El documento fue recepcionado por el presidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR) y por las senadoras Silvia Giacoppo, Silvia Elías de Pérez, Cristina Fiore y Marta Varela, todas de Cambiemos.

El documento esta acompañado por la firma de ex legisladores, y ex convencionales constituyentes, académicos, y de la Justicia Federal.

Los representantes de los letrados de todo el país expusieron que la media sanción de diputados contradice el espíritu de las normas que consagró la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, ambas con rango constitucional.

Por otra parte, explicaron la relevancia de que se expida sobre el proyecto la Comisión de Asuntos Constitucionales y pidieron en la carta “velar por el imperio del Estado de Derecho a través del respeto de la Constitución Nacional” y, en línea con con esa premisa, demandaron la revisión del proyecto «con la seriedad y profundidad que caracteriza al Senado”.

Además, hicieron constar en el documento una serie de objeciones sobre el proyecto aprobado en la Cámara baja, porque “se pretende presentar una despenalización del aborto cuando, en realidad, se busca una legalización amplísima, de carácter gratuita, a ser impuesta en las provincias través del Código Penal, y avasallando derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional”.

Los letrados argumentaron también que “viola de forma clara y evidente la letra del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Cadh), que expresa que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, y el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que resguarda “el derecho intrínseco a la vida” de todo menor de edad y que en el caso argentino, se extiende a todo niño “desde el momento de su concepción”.

El documento también lleva el nombre de los académicos Alberto Bianchi, Alfredo Vítolo, Estela Sacristán, Ricardo Ramírez Calvo, Félix Montilla Zavalía y Fernando Toller, y del fiscal José María Campagnoli.