Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
A mediados de noviembre de 2016 hubo una marcha convocada por la CGT, CTA y movimientos sociales pidiendo la aprobación de la ley de Emergencia Social que convocó a una multitud frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, en ese entonces el titular de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete, manifestó a Conclusión: “Los despidos y suspensiones no han parado. Esperemos que se decrete la Emergencia Laboral, así como tiene media sanción la ley de Emergencia Social. Seguramente la próxima semana vamos a insistir para que los Diputados la traten sobre tablas, porque cajonearon ese proyecto. Desde allí vamos en búsqueda de resolver el problema social grave que estamos atravesando”.
Noviembre de 2016 frente al Congreso
«Tampoco queremos naturalizar la pobreza y los despidos que siguen habiendo. La inflación se comió el salario de los trabajadores formales e informales. La familia no puede esperar, ha avanzado la pobreza, las necesidades y el hambre”. Pobreza cero y sacar los impuestos a los salarios fueron una mentira tremenda ya que las medidas que se tomaron fueron para beneficiar a las empresas monopólicas en nuestro país que llevan sus ganancias al exterior”, sentenció el dijo el dirigente social a la vez que propuso que «sacar plata del impuesto al cheque, cobrar impuesto al juego, a las grandes mineras, a las petroleras que reciben subsidios. Hablan de condonar deuda a empresas eléctricas, eso tiene que ir a la Emergencia social”.
En diciembre de ese mismo año, ambas Cámaras aprobaron en el Congreso de la Nación, la Ley de Emergencia Social, que dio nacimiento al salario social complementario para los trabajadores de la economía informal. La iniciativa, consensuada entre el Gobierno y agrupaciones sociales de trabajadores informales y casi todos los bloques de diputados, con la excepción del Frente de Izquierda (que se abstuvo en la votación), declararon la emergencia social en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispuso la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep).
También estuvo previsto que el Consejo, funcione en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como “un ámbito institucional permanente”, y fuera integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el Renatrep. Sin embargo, al día de la fecha, no se encargó de trabajar en la “progresiva implementación de la transformación de los programas sociales nacionales en salario social complementario». Pero si se faculto al Ejecutivo a “efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.
En marzo de 2017 los movimientos sociales realizaron una jornada de lucha con cortes. Instalaron mil ollas populares en todo el país para exigir implementación de la ley y la modificación de las políticas económicas de Cambiemos. Desde la organizaciones sostuvieron que “no hay más margen de espera”. “El ajuste y el aumento de la pobreza es una situación que nosotros estamos viviendo todos los días en nuestros barrios; y la Ley de Emergencia se aprobó hace un año y no se está implementando”, denunciaron.
Día de San Cayetano – 7 de agosto de 2017
El 7 de agosto, en el marco del Día de San Cayetano, 200 mil personas marcharon desde Liniers hasta Plaza de Mayo, con la finalidad de advertir sobre las consecuencias de la “política económica del Gobierno nacional”, y también reclamaron que se declare la emergencia alimentaria. Movilizaron bajo las consignas de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, la convocatoria fue realizada por Barrios de Pie, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Corriente Clasista Combativa (CCC), y contaron con la adhesión de sindicatos, CGT, CTA, y ATE, entre otros.
La reunión que se realizó el 1 de septiembre entre el Gobierno y los movimientos sociales, fracaso ante la negativa del oficialismo de otorgar 100 mil planes y las organizaciones trazaron «un plan de lucha». El contrapunto se centro en que se ejecuto solo el 40% del presupuesto. Ante la falta de respuesta, los dirigentes sociales manifestaron que «La reunión fue muy mala. No quieren avanzar en el presupuesto de emergencia social ni discutir la emergencia alimentaria. Por eso el lunes vamos a hacer una asamblea que va a incluir ir a los supermercados el miércoles a pedir alimentos».
Tras varios días de tensión entre los movimientos sociales y el Gobierno por la implementación de la ley aprobada en diciembre de 2016, arribaron a un acuerdo que permitiría avanzar en «la plena ejecución presupuestaria y se implementara el 100% de la Emergencia Social» confirmaron a Conclusión.
La decisión alcanzaría alrededor de 500.000 beneficiarios de planes sociales que percibirán el aguinaldo y en siete días se armará la primera mesa para avanzar con la Emergencia Alimentaria.
Tras el encuentro que tuvo como protagonistas a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana y los dirigentes sociales, Conclusión dialogó con Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, quien se manifestó satisfecho por los términos de la reunión pero también con cierto grado de prudencia a la espera de que se cumpla acordado. (Mira el Video)
