Alertan que el Presupuesto 2027 busca eliminar la fuente de financiamiento permanente del INTA
Representantes del instituto y trabajadores denunciaron un proceso de "vaciamiento estructural", advirtieron sobre la pérdida de capacidades humanas y técnicas, y señalaron que el proyecto del Ejecutivo no puede modificar la ley orgánica del organismo.
En una reunión informativa en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, presidida por el diputado Luis Basterra (UP), representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertaron que el proyecto de Presupuesto 2027 “propone derogar la fuente de financiamiento del instituto”. El punto crítico es el artículo 21, que busca eliminar el 0,45% de las importaciones destinado al fondeo del organismo.
Los proyectos de resolución que instan al Poder Ejecutivo a garantizar la implementación de la Ley 27.734, de promoción de la producción orgánica para economías regionales, asignando las partidas correspondientes en el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2027; y el que expresa preocupación por la situación de emergencia hidrometeorológica y solicita al Poder Ejecutivo evaluar declarar la emergencia hídrica.
Ricardo Garzia, presidente del Consejo del Centro de la Agricultura Familiar del INTA, destacó el rol del instituto como «sostén tecnológico» y capacitador de pequeños y medianos productores, advirtiendo que el presupuesto pretende quitarle al INTA «lo que tiene por ley».
Al respecto, subrayó que “la ley de presupuesto no puede modificar la ley del INTA, la alícuota que tiene respecto del comercio exterior para su fondeo y su funcionamiento”. Asimismo, alertó que el desfinanciamiento actual ya genera “pérdidas económicas, sociales y ambientales en que incurre hoy la Argentina”.
Por su parte, la investigadora Gabriela Volpi Lagrieca, representante de APINTA, denunció que la medida no es una reducción temporal, sino que se trata de “eliminar permanentemente una fuente específica de financiamiento, y con ello, reducir la previsibilidad presupuestaria del INTA”.
Volpi Lagrieca reveló datos alarmantes sobre el deterioro institucional entre 2023 y 2027: una reducción de recursos del 50%, una pérdida del poder adquisitivo salarial cercana al 40% y una caída presupuestaria prevista del 18% para 2027.
La situación se agrava con la pérdida de infraestructura y capital humano. Según la investigadora, el plantel se redujo en un 27%, se desvincularon 1.300 trabajadores y se cerraron 50 agencias de extensión rural, además de la estación experimental agropecuaria AMBA. Frente a esto, aseguró que la institución “es estratégica para el desarrollo de la Argentina” y requiere financiamiento previsible y autonomía.
Finalmente, Carla Arizio, coordinadora del proyecto de Cannabis Medicinal, afirmó que el presupuesto “consolida el desarme de la institución”, mientras que Sebastián Campo, secretario de la Comisión de Bases Federadas, sostuvo que defender al INTA es “defender un modelo de país”.
El último en hacer uso de la palabra fue Sebastián Campo, secretario de la Comisión de Bases Federadas, hizo hincapié en que “necesitamos al INTA porque es defender un modelo de país”. “Para cuidarme, cuidar a mi pueblo, a donde vive mi familia, vecinos y amigos, necesito información de calidad, y esa información me la da el INTA”, recalcó al detallar que los productores agropecuarios manipulan agroquímicos constantemente.
Del encuentro, participaron también Aníbal Duarte, presidente del Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA-AMBA; Carlos Baravalle, vicepresidente de Bases Federadas y representante de la Mesa Agroalimentaria Argentina; y Carlos Paz, ex presidente del Consejo Directivo Nacional del INTA.