DOMINGO, 19 DE JUL.

Asesor legal de la CGT afirmó que la reforma laboral no tiene sustento jurídico: “No hay motivo para retroceder en materia de protección y libertad sindical”

“No se puede prohibir la huelga, y esta regulación es una forma práctica de suprimirla”, alertó Pablo Topet, quien expuso ante senadores, desmenuzó el proyecto de reforma laboral y explicó por qué viola derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

 

El asesor legal de la Confederación General del Trabajo (CGT), Pablo Topet, expuso durante la mañana de este jueves en un plenario realizado por las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado para discutir la reforma laboral, y apuntó que los cambios que planea aplicar el gobierno de Javier Milei son anticonstitucionales y violan tratados internacionales, al tiempo que implican retrocesos en materia de derechos individuales y colectivos.

El referente legal estructuró su presentación en cinco partes: enumeró las regresiones normativas que el proyecto de ley tiene en materia individual y colectiva; señaló los daños “irreparables” que su aprobación representaría para los trabajadores y sus organizaciones; identificó las razones por las que el texto es contrario a la Constitución Nacioanl y a tratados internacionales de Derechos Humanos; apuntó los temas que debería tener una reforma verdaderamente modernizadora; y exhortó a los senadores a ser conscientes del trabajo que van a emprender en estos días.

Vulneración de derechos individuales y colectivos

“Este miércoles el secretario de Trabajo (Julio Cordero) dijo que el texto no cambia nada y que protege a trabajadores y a organizaciones. Eso no es correcto. En materia individual hay puntos que son claras regresiones. Se reduce el ámbito de aplicación de la normal laboral, se derogan estatutos de protección y no hay una explicación sobre cómo se vincula eso con la litigiosidad o la creación de empleo”, observó Topet.

Y agregó: “Se suprime el artículo de interpretación y aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, que es un derecho, una garantía constitucional. El trabajo deja de entenderse como una función creativa y creadora, sino que ahora se lo enmarca en un intercambio económico y contractual. Es un retroceso, es grave. También se desalariza, se reduce el contenido de lo que se considera salario. En materia de jornada, se suprimen límites, permite la disponibilidad individual y colectiva. Amplía las facultades de las empresas de modificar el contrato de trabajo de forma unilateral, se permite el pago en cuotas en determinados casos. Se incorpora un mecanismo de protección del empleador para el pago de las indemnizaciones, porque se transfiere el 3% de los recursos de la seguridad social para que el empleador pueda satisfacer una indemnización”.

En cuanto a los derechos colectivos que están en juego, Topet manifestó: “El texto el profundamente antisindical. Argentina está incorporada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es parte del sistema interamericano, y la libertad sindical permite una compensación e el plano colectivo, por eso es un derecho humano fundamental”.

“El texto agrede a todo el universo de la libertad sindical, priva al sujeto de mecanismos de acción, dificulta la conformación del patrimonio de los sindicatos, agrede la tutela, retrocede en materia de protección. ¿Cuál sería la razón? ¿En qué se puede relacionar la restricción, el menoscabo de tutela, con la competitividad, la litigiosidad y el empleo? Absolutamente en nada”, arguyó el representante de la CGT.

Asimismo, alertó que esta reforma laboral incorpora “prácticas desleales bilaterales” en lo que respecta a negociación colectiva, las cuales fueron impulsadas por última vez por la dictadura cívico-militar: “Es una involución fenomenal, inadmisible. Se incorporan normas sobre niveles de negociación, eso es parte de la autonomía sindical y colectiva, y se prefiere la unidad menor en convenios colectivos”.

Fuera de la ley

“El Ministerio de Trabajo –alertó Topet– estaría facultado a privar de efectos un convenio colectivo que ya ha sido homologado. No hay precedente de ello. Esto ya se ha intentado con el DNU 70/2023 y con el decreto 340, no se puede prohibir la huelga, y esta regulación es una forma práctica de suprimirla, algo que también ha sido descalificado por la propia OIT”.

Seguidamente, se preguntó si esta reforma es jurídicamente posible: ¿Puede un texto de esta andadura y contenido ser legislado? ¿Es posible que lo avalen? Creo que no, pero lo dice la propia Constitución Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay un principio de progresividad que impide que haya un retroceso en materia de protección y libertad sindical sin alguna razón que lo explique. No hay motivo por el cual Argentina tendría que deteriorar su sistema de relaciones colectivas de trabajo”.

“La propia OIT, en el último informe del 27 de noviembre de 2025, le dijo al Estado argentino que no debería modificar la legislación sin un debate tripartito. No se puede imponer una regulación del trabajo sin un debate serio, no se puede discutir en minutos algo que cambia el ordenamiento laboral del país en materia individual y colectiva”, añadió el representante legal de la central obrera.

¿Es una ley que moderniza?

Por último, Topet sostuvo que la reforma que impulsa el gobierno de Javier Milei no moderniza el mercado laboral: “El proyecto no tiene una palabra de gestión algorítmica. Tampoco habla de privacidad, derecho a la desconexión o teletrabajo, cuando la mitad de la Argentina teletrabaja y derogamos la ley que regulaba esta prestación y no hay un texto alternativo”.

“Tampoco se habla de soberanía del tiempo de trabajo para el trabajador, y no para el empleador. La tendencia va a eso, a la reducción de la jornada. No hay una palabra de la salud de los trabajadores, ni de licencias parentales. ¿Qué paso? ¿La familia no cambió? ¿No tenemos que tratar este tema?”, cerró el asesor de la CGT.

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