Banco Central y deuda: la denuncia de Alejandro Olmos Gaona sobre la investigación de un saqueo «silenciado»
Alejandro Olmos Gaona, historiador y escritor afirmó que una investigación oficial sobre confusas pérdidas millonarias del Banco Central durante los años 80 y 90 había sido desestimada. Sostuvo que parte de ese quebranto habría beneficiado a bancos privados y empresas nacionales y extranjeras, mientras el costo se trasladó luego a la deuda que pagan los argentinos.
El historiador y escritor especializado en deuda externa, Alejandro Olmos Gaona, afirmó a Conclusión que una comisión creada en Argentina para investigar una presunta pérdida de miles de millones de dólares en el Banco Central habría concluido con hallazgos “escalofriantes”, pero que el caso habría sido desestimado y nunca incorporado a la bibliografía histórica.
Gaona señaló que el punto de partida fue una declaración atribuida al ex funcionario Roque Fernández, entonces vinculado al Banco Central, quien habría sostenido que entre los años 80 y 90 el banco habría perdido entre 64.000 y 65.000 millones de dólares. Según el relato, el expresidente Carlos Menem habría emitido el decreto 1901/1991, que creó una comisión investigadora integrada por César Arias y Óscar Roger, y con participación del procurador general de la Nación, además del fiscal Ricardo Molinas.
El historiador sostuvo que su trabajo se extendió más de un año en un contexto de demoras y obstáculos para obtener información desde el Ministerio de Economía y el propio Banco Central. Aun así, dijo que los investigadores habrían llegado a una conclusión: la magnitud del presunto faltante ascendería a 104.000 millones de dólares en esos años, una cifra que, al actualizarse, equivaldría a más de 260.000 millones actuales.
De acuerdo con el testimonio de Olmos Gaona, la investigación habría sido “tirada a la basura” y posteriormente borrada de la escena pública: “nunca más se supo” y “jamás se nombró” en publicaciones de historia económica, salvo menciones breves que no habrían incluido el contenido completo del informe. En esa línea, atribuyó el silencio a que el hallazgo implicaría responsabilidades o beneficios para bancos privados y sectores empresariales, mientras el Estado habría tenido que hacerse cargo de bancos quebrados, en un esquema en el que se habían garantizado depósitos.
Gaona también amplió la denuncia al plano institucional. Sostuvo que su análisis sobre organismos internacionales lo llevó a observar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aparece en tratados de Derecho Internacional con descripciones mínimas, sin detallar funcionamiento, inmunidades ni mecanismos, como si no existiera voluntad de profundizar. “Es como si nadie quisiera tocar algo y ponerlo en evidencia”, señaló, vinculándolo con la dificultad de acceder a documentación y con el poder que tendría esa institución frente a los países.
Sobre las consecuencias, afirmó que el proceso termina reflejándose en la vida cotidiana: “la contracara” sería que montos que habrían sido trasladados o favorecido a actores privados se convierten con el tiempo en deuda para el conjunto de los argentinos. En ese punto, mencionó que el debate público suele centrarse en “lo que hay que pagar el año que viene” y no en el origen de la deuda ni en su componente privado transferido al Estado.
El historiador conectó su relato con un diagnóstico político e institucional: sostuvo que el trípode de gobierno —ejecutivo, legislativo y judicial— funcionaría de forma asimétrica y que el Poder Judicial investigaría “con lentitud” y, en general, a quienes dejan el poder, no a quienes lo mantienen.
Por último, Olmos Gaona concluyó que el país necesita una “política de Estado” soberana y transparente para impedir que la corrupción utilice al Estado como herramienta de negocios, y remarcó que la deuda y los ajustes impactan en educación, salud, rutas y servicios.