Por Marcelo Chibotta

Después de la participación del ministro de Energía de la Nación en la Cámara de Diputados, la diputada nacional, integrante del bloque Peronismo para la Victoria, Lucila De Ponti, conversó con Conclusión al respecto del tarifazo que el funcionario nacional defendió en la sesión legislativa.

Durante su intervención, De Ponti se refirió a la posibilidad de declarar en el país la “pobreza energética” que explicó durante la entrevista con este medio: “La pobreza energética se refiere a todos aquellos hogares que no cuentan con ingresos suficientes como para afrontar o costear el costo del acceso a los servicios públicos. Es un concepto que utiliza la Cepal que en general se utiliza más en los países de Europa, pero en estos momentos se está utilizando también para Latinoamérica porque era la problemática que por lo menos hasta ahora, en nuestro país no teníamos”

Consultada al respecto de cuántos ciudadanos estima se ven afectados por el aumento de tarifas, estimó que “hay más o menos cinco millones de trabajadores que están en la informalidad o en la precarización ocupacional y después hay entre 10 y 11 millones de trabajadores registrados, de los cuales a la mitad se les dificulta afrontar el pago de los mismos”.

“Las escalas salariales son altas en algunos casos, pero hay otra parte  de los trabajadores registrados que continúan teniendo sueldos medios o bajos – indicó De Ponti – y cuando hay un aumento de tarifas como el de ahora, se hace insostenible. Por ejemplo (el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, Roberto) Baradel hablaba de que para los docentes de salarios medios, este costo de tarifas representan un 50 % de los salarios que sumados a otros costos fijos como los del alquiler, impuestos y demás, termina absorbiendo la totalidad de los salarios”.

— ¿Y qué considera al respecto de los argumentos dados por el ministro en cuanto a que el aumento fue necesario?

— En realidad, creo que con respecto a esta cuestión de enfatizar mucho sobre que Argentina tenía en los ’90 abundancia de energía y que por tener ahora un faltante la energía es más cara, por una parte me parece que es descontextualizado decirlo porque Argentina vivió un aumento de la demanda energética ya sea del consumo doméstico por el aumento del poder adquisitivo, como de los sectores comercial e industrial por la recuperación de la actividad. De lo que se puede hablar es que quizás la inversión no alcanzó los niveles necesarios como para avanzar en la satisfacción la demanda interna con la producción nacional, pero tampoco es cierto que no se invirtió o no se desarrolló nada porque se incorporaron muchos sectores sociales al consumo del gas natural, se realizaron obras de gasoductos  y en ese sentido hay mucha información que respalda lo que se dijo en los últimos años. Por otra parte, lo que se puede decir es que hubo un cierto retraso en la inversión de producción de energía o en la diversificación, es decir con aquello que tiene que ver con energías renovables, y por otra parte que hay un atraso en las tarifas, pero no de la magnitud del aumento que se quiere implementar.

— ¿Cuáles fueron los argumentos por los cuales usted rechaza el aumento?

— Lo que nosotros sostenemos es que no se llevaron adelante los mecanismos adecuados para realizar los aumentos, que tienen que ver con convocar a las audiencias públicas, poner a disposición de la ciudadanía la estructura de costos de las empresas que justifiquen el aumento que se ha realizado, cosa que le pedimos a Aranguren y no hizo. Después, hablan que el precio de las tarifas alcanzan a cubrir solo el 11 % del costo en el caso de la energía eléctrica y el 40 % en el caso del gas, pero no pusieron a disposición la estructura de costos, el dinero que se destina a inversiones, la rentabilidad de las empresas…Sin esa información, en ningún caso se puede determinar que sea válido el aumento de tarifas porque no se tiene conocimiento de cuánta es la proporción del dinero con el que se están quedando las empresas.

— ¿Entonces como considera que se puede establecer una crítica justa si efectivamente los datos no están?

— En primer lugar hay un aspecto que tiene que ver con permitir el acceso a la información. Para eso está reglamentada en las leyes y en la misma Constitución Nacional, la necesidad que se lleven audiencias públicas en donde la sociedad pueda conocer como se manejan los números de los servicios públicos. Y por otra parte, nosotros consideramos que hay un error en la actualización tarifaria que están determinadas por el hecho de que los ingresos de los trabajadores y de los sectores productivos y comerciales no  son suficientes ante este costo de tarifas, en ese sentido hay un desfasaje. Si se considera que durante diez años estuvieron pisadas las tarifas de energía, es irrisorio querer actualizarlas en un mes o en un solo aumento, porque la rentabilidad y sustentabilidad de los distintos sectores sociales y productivos, no son viables con aumentos de este tipo.

— ¿Cuáles son los pasos que piensan seguir?

— Por una parte hay que esperar la resolución de la Corte Suprema y por otra parte, la Cámara de Diputados seguirá intentando llevar adelante la sanción de determinados proyectos que obliguen al Poder Ejecutivo a retrotraer el tarifazo y comenzar a transitar este proceso de un modo adecuado, de acuerdo a lo que establecen las leyes, al poder adquisitivo e ingresos y a la rentabilidad y sustentabilidad de la industria nacional.