Diputados de Unión por la Patria denunciaron a Milei por sellar un acuerdo con el FMI por fuera del Congreso
El DNU 179/2025 se publicó este martes en el Boletín Oficial y sella un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Los legisladores denunciantes advirtieron que este accionar es anticonstitucional y viola leyes nacionales que establecen que el endeudamiento debe ser aprobado por el Congreso.
Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este lunes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la firma de un decreto de necesidad y urgencia para acordar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los legisladores entendieron que esto fue una violación a la ley nacional y a cláusulas constitucionales, que indican que el endeudamiento debe ser aprobado por el Congreso.
La presentación contó con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y con las firmas de los diputados Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Brenda Vargas Matyi y Sabrina Selva.
Los seis diputados representan a la provincia de Buenos Aires y, a excepción de Selva, que milita en el Frente Renovador, responden en mayor o menor medida al esquema del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que viene de lanzar su propia corriente dentro del peronismo: el Movimiento Derecho al Futuro.
La denuncia solicita que la Justicia suspenda de forma inmediata todo acto que implique endeudar al país sin la aprobación del Poder Legislativo. Además, advierte que este DNU podría afectar la “estabilidad democrática” y el “orden institucional del país”.
En el escrito se plantea que “la intención del Poder Ejecutivo Nacional de aprobar, vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es violatorio, en primer término, de cláusulas constitucionales y de la Ley 27.612” de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (conocida como Ley Guzmán) del 2022.
Esta última norma, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, apunta en su segundo artículo que todo programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser aprobado por el Congreso de la Nación.
Los denunciantes alertaron que con este DNU la gestión de Milei estaría usurpando facultades del Poder Legislativo, por lo que su accionar podría significar un acto de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, conforme a los artículos 248 y 249 del Código Penal.
Por lo expuesto, los legisladores solicitaron que “el Tribunal disponga la suspensión de todo acto que pudiere constituir la consumación del obrar delictivo”.
Como este martes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 179/2025, que sella el acuerdo entre el gobierno de Milei y el FMI, se espera que la denuncia de los diputados de Unión por la Patria sea ampliada durante esta jornada.
La antesala del acuerdo
El pasado jueves 6 de marzo la Oficina del Presidente de la República Argentina publicó un comunicado donde informó que “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”.
Luego de esto, la portavoz del FMI, Julie Kozack, sugirió en una conferencia de prensa que el tratamiento del acuerdo en el Congreso “no sería una condición necesaria” del organismo internacional de crédito “para llevar adelante los desembolsos”.
En los fundamentos de la denuncia, los diputados nacionales consideraron que “es insólito que el Fondo Monetario Internacional pretenda convertirse en intérprete del texto de la Constitución Nacional Argentina, incurriendo, por lo visto, en groseros errores y omisiones”.
“Cabe advertir que estamos en el funcionamiento pleno de la actividad del Congreso, por lo que nada obsta al envío de un proyecto de ley que dé tratamiento a la propuesta de un nuevo acto de endeudamiento sobre el patrimonio de la Nación, y que afecta al arreglo de la deuda externa argentina”, indicaron.
Tras ser publicado en el Boletín Oficial, el DNU fue enviado al Congreso, donde deberá tratarse en un plazo de diez días hábiles en la comisión Bicameral de Trámite Parlamentario para dictaminar sobre su validez o invalidez. Si transcurre ese tiempo y la iniciativa no se discute, cada una de las cámaras podrá convocar a una sesión en cualquier momento.
Para que el DNU caiga, se requiere el rechazo de ambas cámaras, con lo cual al Gobierno le alcanzaría con que solamente un cuerpo legislativo avale el decreto para que se mantenga en vigencia.