Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires – La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que impulsó una nueva ley de alquileres, tras ser consensuado con la mayoría de las bancadas y acordado con los referentes de los sectores involucrados.

La norma tiene por objeto garantizarle a los más de 8 millones de inquilinos en todo el país, una herramienta que les aporta mayor seguridad y salvar la asimetría existente entre locadores y locatarios.

Los legisladores se mostraron en el debate con amplias coincidencias a pesar que las objeciones a parte del articulado de la ley, llegó de parte del interbloque Cambiemos.

El proyecto que fue aprobado en 2016 en el Senado, había perdido estado parlamentario, por lo que fue necesario reabrir el tema en la Cámara baja, y con media sanción pasará al Senado.

Daniel Lipovetzky reconoció que “es una ley que genera posiciones muy contrapuestas entre los sectores involucrados”, pero destacó que el proyecto “viene a equilibrar las relaciones entre ambas partes y a corregir los abusos que se producen”.

La duración del plazo del alquiler pasa de dos a tres años, con el fin de darle mayor estabilidad al inquilino. Además, establece un mecanismo de actualización anual de los montos, un punto que abrió una discusión en el recinto, ya que varios diputados plantearon -sin éxito- que el reajuste sea semestral o cuatrimestral.

El mecanismo de actualización de esos montos, surgirá de una combinación entre el índice de inflación y el de salarios (Ripte) y se deberá realizar la inscripción de los contratos en la Afip. 

Así lo explicó con fluida precisión el democristiano, Juan Brugue, del bloque Córdoba Federal:

En orden a cuales son las opciones que tendrá a futuro el locador para ofrecer como garantías, el inquilino podrá elegir si entregar una garantía propietaria, un seguro de caución, un aval bancario, un recibo de sueldo o certificación de ingresos, y el propietario deberá aceptar alguna de esas opciones.

Además, el articulado de la ley prevé que las expensas extraordinarias quedarán a cargo del propietario y que los gastos por intermediación de un corredor inmobiliario también dejarán de estar a cargo del locatario.

El legislador Adrián Grana, describió que a partir de la crisis económica se acentuó la condición de «nómades» de las familias porque «no pueden terminar de asentarse en un barrio o inclusive en una provincia”. “Cuando hablamos de previsibilidad, no hablamos de una cuestión menor. Estamos hablando de una cuestión central. Previsibilidad para arraigarse, afianzarse, poder construir identidad”, sostuvo, en coincidencia con el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz. 

 

A su turno, Marco Lavagna (Consenso Federal) señaló que  “esta ley es de gran impacto social” y señaló  que “es bueno tener una previsibilidad respecto de cómo se van a ajustar los alquileres” porque en algunos casos aumentan por debajo de la inflación y en otros, por encima.

En tanto que la parlamentaria del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Romina del Pla, formuló serios cuestionamientos sobre el alcance real de la ley: 

Por su lado, Martín Lousteau, líder del bloque Evolución, explicó que existen condicionamientos para acceder a la vivienda porque “menos del 5 por ciento de los asalariados formales tiene ingresos suficientes para acceder a un crédito para comprar un inmueble». De esta manera, «se da prioridad al derecho más importante y a la vez el más débil: el derecho a moderar lo máximo posible la incertidumbre acerca del lugar donde se vive y donde se establece un proyecto de vida».