Por Aldo Battisacco
Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales, catedrático de distintas universidades de Argentina y miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, propuso en diálogo con Conclusión, abordar integralmente el marco político actual y develar como se articulan políticas desde el gobierno en el terreno social, económico y político.
Para el economista, esta delineándose un modelo de país que tiene pocos ganadores y una inmensa cantidad de desfavorecidos, además, sostiene que la búsqueda de consensos políticos por parte del oficialismo viene acompañada por el intento de disciplinamiento de las protestas utilizando la violencia.
No obstante, frente a la caracterización que ofrece a los lectores, para Gambina, lo más novedoso será la respuesta política que sea capaz de oponer y articular el pueblo.
Julio Gambina, comienza por dar una lectura sobre quiénes son los que se beneficiaron con la devaluación, y en ese sentido respondió
-¿ A quien favorece la devaluación ?
«En Argentina la devaluación favorece a los grandes productores y exportadores, a la vez que perjudica a los sectores con ingresos fijos. Por este motivo, los beneficiados expresan una lógica que presenta a las devaluaciones como favorables para la competitividad de la producción local, ya que mejora de los precios de los bienes y servicios exportables, ganando así en competitividad. Pero en la práctica no es así, esto ocurriría si existiera una producción diversificada y en competencia con producciones de otros países». Añadió que «como esto no ocurre para los principales productos de exportación de la Argentina, la realidad demuestra que la devaluación se manifiesta como un mecanismo de capturar ganancias del complejo exportador, principalmente del agro-negocio».
-Durante mucho tiempo se le hizo creer a muchos argentinos que el sujeto protagónico de la historia económica era el productor de la economía primaria, como si la alta facturación del sector dependiera de sus virtudes productivas. ¿Cómo se explica lo que acontece hoy con la caída de los precios de los commodities ?
-Sucede que las exportaciones agropecuarias de la Argentina no se manejan competitivamente con las de otros países, sea esto por la importante demanda desde el exterior, como por las condiciones internas de producción. El precio internacional no se define en Argentina, sino que resulta de las imposiciones del mercado mundial, por eso es que se habla de commodities (maíz, trigo o soja). También, es imperioso destacar que la devaluación no se produjo para generar competitividad productiva, reactivar la producción y mejorar las condiciones macroeconómicas del país. La devaluación fue construida para aumentar la facturación del sector hegemónico del agro-negocio, o sea, las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, los principales beneficiados por la política económica del gobierno del presidente Macri, estos sectores, lograron una inmediata recomposición de la tasa de ganancia.
«La devaluación fue construida para aumentar la facturación del sector hegemónico del agro-negocio»
-¿Cuál es la respuesta que esperó el Gobierno ?
-La respuesta inmediata del sector agroexportador -principalmente sojero- fue la aceleración de la liquidación de cosechas almacenadas en silo-bolsas (el compromiso con el gobierno es por 400 millones de dólares diarios). La facturación de las empresas creció por la devaluación y la baja de las retenciones. El impacto se expresa en una recomposición de reservas internacionales, que habían llegado a un piso de poco más de 24 mil millones de dólares y ahora empiezan a recuperarse. La verdadera intención es recomponer reservas monetarias internacionales y para ello es indispensable continuar con la liquidación de los exportadores para que ingresen nuevas y más divisas por préstamos externos e inversiones extranjeras. Más claro quedará el panorama, cuando lleguen los préstamos, pero si se supera la traba de la demanda de pago por la sentencia judicial en EEUU sostenida desde los hold-outs o fondos buitres, situación que no llevará a un mayor endeudamiento externo y un incremento de los compromisos futuros de pago, por lo menos, de intereses.
-Se prometieron inversiones tras los anuncios del Gobierno ¿Se puede esperar el ingreso de capital productivo?
-Las inversiones se concretarán si se logra frenar las expectativas de actualizaciones salariales en paritarias. Un objetivo central del gobierno de la Alianza Cambiemos es frenar o controlar el conflicto laboral y social. Esto se entiende mejor cuando observamos la acción represiva ejercida en víspera navideña contra los trabajadores de Cresta Roja y la voluntad de instalar un protocolo de acción contra el conflicto social. Con el caso Cresta Roja se marca el camino de la represión y el diálogo, de la coerción y búsqueda de consenso, con balas de goma y camiones hidrantes para desalojar la ruta y luego bolsones de mercadería y colaboración en dinero, incluso incrementando esos aportes monetarios para descomprimir la demanda de los trabajadores en lucha. Pero sobre esto, estamos obligados a analizar mas puntillosamente la cuestión de fondo, desde el Estado, se espera que se resuelva entre privados, que es lo mismo que decir que el mercado decida y convertir a los organismos del Estado en simple facilitadores de negociaciones entre empresarios que buscan obtener ganancias. En esencia, se convalida un modelo productivo dependiente de la dominación de los capitales transnacionales y la subordinación a la lógica hegemónica del capitalismo mundial.
Cresta Roja, Gabriela Michetti dijo: “Volveremos a actuar de la misma manera”
-No todo es beneficio a la hora de las bendiciones del Ejecutivo por vía de los decretos. La demandas de los trabajadores encuentran su legitimidad en la asimetría de resultados para unos y otros ¿Cómo resuelven esta ecuación los que menos tienen ?
-La devaluación es el primer avance en la recomposición de la ganancia empresaria. La respuesta es la lucha por ingresos compensatorios de parte de los trabajadores, y por eso las movilizaciones por bonos resarcitorios de fin de año, que son montos ya logrados en ciertos espacios del sector estatal y privado, con una diversidad de cifras que fomenta una mayor dispersión de ingresos y dificulta acciones coordinadas para el logro exitoso de la ligitimidad de las demandas. Los privados se movieron con negación de aportaciones por límites derivados de la desaceleración económica o recesión productiva, hasta sumas compensatorias muy dispares con los máximos obtenidos en el sector bancario, entre 10 mil y 18 mil pesos por única vez.
Es válido mencionar a titulo de ejemplo, el anuncio de una compensación mínima de 400 pesos para beneficiarios de planes sociales y jubilaciones mínimas, orientados a más de 7 millones de beneficiarios para desarticular la que parecía una gran movilización que pedía el bono que compense ingresos que fueron mermados. Así, podemos ver que el arco social y político de la convocatoria del 22/12 pasado, expresa una heterogeneidad con potencialidad para constituir un arco de acción política para la etapa iniciada el 10/12 por un nuevo gobierno. También se puede observar, que el costo fiscal del bono es mínimo con relación al producido por la eliminación y reducción de las retenciones al agro y a la industria, lo que deja aún más en evidencia la existencia de beneficiados y perjudicados de la política económica del gobierno recientemente electo.
-¿De allí que usted sostiene que este circunstancial aporte será acompañado con acciones represivas?
-A nadie debe sorprender que la política oficial se sustente con palos y zanahorias. En este sentido, es muy claro el mensaje, se disciplina el conflicto social y se trata de generar consenso político más allá del transitorio consenso electoral logrado para ser gobierno. La combinación de represión y acción política compensatoria son mecanismos de manufacturación de consensos en un marco de ajuste que afecta a la mayoría de la población. Esa construcción de consenso asocia una brutal transferencia de ingresos hacia el sector más concentrado de la economía y presencia oficial ante dramas sociales, caso de las inundaciones en el litoral por desborde del Río Uruguay, especialmente en Concordia.
-¿Cuál es la actitud que a futuro le toca al campo popular ?
-Hay que precisar que más allá del accionar deliberado por convertir consenso electoral en político, el ajuste de precios y la inflación, aunque ahora el INDEC no mide, impactará sobre la mayoría de la sociedad empobrecida, base de conflictos sociales y laborales. Los trabajadores estatales convocaron al paro nacional que protagonizaron el martes 29/12 y luchan por efectivizar un número importante de agentes que posee empleo informal en el Estado y contrarrestar de esta manera iniciativas que el Gobierno articula para disminuir la planta de trabajadores. Recientemente, desde las esferas oficiales, anunciaron que habrá una revisión de miles de contratos de los últimos tres años, excusa, que les facilitará argumentar que eliminarán “ñoquis” o contratos de la política, es decir, se busca achicar el empleo público para reducir gasto y «equilibrar» las cuentas fiscales.
-¿Cómo operan estas definiciones en las empresas privadas ?
-En algunas ramas de los trabajadores privados, denunciaron acciones de las patronales, por caso, General Motors (planta cercana a Rosario) que extiendió su parada técnica por tres semanas aduciendo dificultades para la provisión de insumos desde Brasil; todo en espera de aumentos de precios de venta de los automotores al comienzo del 2016 y que abulte su cuenta de ganancias. Si hay algo que es corroborable, es el pragmatismo impuesto en breve tiempo por el gobierno de Macri. Todas fueron medidas tendientes a recomponer las ganancias de las grandes empresas (retenciones y devaluación), que tuvo un fuerte impacto inflacionario que se difumina regresivamente entre la mayoría empobrecida de la población. Es muy evidente, que desde el gobierno se especula con el tiempo de gracia que supone ser una gestión recién llegada y la incógnita persiste en la capacidad de aguante de los perjudicados de la iniciativas asumidas por el oficialismo. La novedad política, debe esperarse desde la iniciativa popular para frenar la ofensiva por el ajuste y restaurar condiciones de posibilidad para construir una alternativa política.
El entrevistado es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (2006-2012). Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, IEF-CTA Autónoma. También participa como miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina. Columnista sobre Economía Política en medios periodísticos.
