Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires
La ley de Electrodependientes presentada y aprobada por el Congreso, cuyo autor fue el diputado nacional, Carlos Castagneto, parece que duerme el sueño de los justos. La norma que garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes fue aprobada en 2017. Sin embargo,»el ENRE le cobra 5 mil pesos a los electrodependientes para atender su salud»
Los electrodependientes, son las personas que necesitan suministro de energía eléctrica constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento de su equipamiento médico para evitar riesgos en su vida o su salud.
El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio de energía eléctrica y además están eximidos del pago de los derechos de conexión.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Energía y Minería, al mando de Juan José Aranguren, que debe garantizar que este beneficio sea recibido por los afectados por razones de salud.
Castagneto, dijo cuando se aprobó la ley -que el Ejecutivo reglamento en septiembre del mismo año- que “la energía será gratuita para los electrodependientes a partir de la sanción de la misma” y destacó que “la dignidad de las personas no puede ser avasallada por la economía y la salud no puede depender de la buena voluntad de algunas distribuidoras del servicio público de energía eléctrica».
El incesante incremento de las tarifas está impactando en la economía de aquellas personas que necesitan de este servicio. A esto se agrega que las disposiciones reglamentarias entorpecen el acceso a quienes debieran tener el servicio actualmente. Transcurrieron 7 meses de la reglamentación de la ley por parte del Ejecutivo nacional , pero «hay 10 provincias que aún no han adherido a la ley», dijo Castagneto. Mira el video.
El proyecto garantiza el servicio eléctrico gratuito, permanente y con niveles de tensión adecuados a aquellas personas que lo necesitan para vivir, y obliga a los prestadores de servicios a desempeñar “conductas encaminadas a preservar la vida y la salud de sus habitantes”, refirió Castagneto. Sin embargo «existen miles de personas que por su estado necesitan de esta asistencia y no se les dio respuesta».
