Para finales de 2018, la deuda pública nacional ascenderá a una cifra cercana a los 350 mil millones de dólares, dentro de la cual, la deuda pública externa contraída por la administración central, alcanzará la cifra récord de 158 mil millones de dólares. Este nivel de endeudamiento, que se combina con una devaluación del orden del 100% y una retracción en el producto cercana al 3%, representará alrededor del 93% del PIB, situación que preocupa y aumenta el riesgo de insolvencia económica y default.

A este punto, nadie se atreve a decir que este es un problema atribuible a la “pesada herencia”, puesto que, luego del arreglo con los fondos buitre en 2016, Cambiemos se volcó al endeudamiento en dólares para financiar los desbalances a los que se enfrentaba el país producto de la liberalización y desregulación de la economía.

Si bien las colocaciones fueron tanto en el mercado nacional como el internacional, el equipo económico priorizó las segundas. De hecho, la deuda externa, es decir, los pasivos del Estado en manos de residentes extranjeros, se duplicaron, pasando de 63,6 mil millones de dólares a finales de 2015 a 129,7 mil millones al terminar 2017.

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En 2018, el proceso de endeudamiento resultó diferente. En los dos primeros años de la presidencia de Mauricio Macri, los encargados del endeudamiento se focalizaron en crear pasivos con privados tanto fuera como dentro del país. Mientras que en 2018, si bien empezó con una emisión de bonos internacionales por 9.000 millones de dólares, las dudas sobre la insolvencia obligaron a las autoridades nacionales a cambiar las formas de financiamiento. Ante la incapacidad de acceder al financiamiento privado, el Gobierno decidió volver al Fondo Monetario Internacional para solicitar ayuda financiera tras 12 años sin rifar la soberanía económica.

La desprolijidad e incoherencia con que se manejó la política económica precipitó una corrida cambiaria que multiplicó el valor del tipo de cambio. En pocos días el dólar pasó de 20 a picos de 42 pesos. Este sobresalto en valor de la divisa se sumó al descomunal endeudamiento, provocando un deterioro aun mayor de los indicadores de sostenibilidad de la deuda.

El indicador más comúnmente utilizado para observar la capacidad de pago de un país es la relación entre el stock de deuda y el Producto Bruto Interno. Particularmente, se estima que para finales de 2018, la deuda pública nacional ascenderá al 93% del PBI. Cifra que prácticamente duplica la proporción con la que Cambiemos inició el mandato y se asemeja a las registradas en 2004 pos crisis económica y entrada en default. Con la devaluación, el PBI en dólares que anteriormente se ubicaba cerca de los 500.000 millones, será aproximadamente de 370.000 millones. Esta baja en el PIB, en conjunto con la suba de la deuda, logrará que el ratio deuda/producto de encuentre muy cerca del 100%.

El ratio en cuestión suele ser el primer indicador que observan los inversionistas extranjeros para ver la capacidad de pago de un país y, así, planificar el futuro de sus inversiones. Fenómenos devaluatorios como el de casi 60% primero y 90-95% después empobrecen e incentivan el desarme de posiciones en pesos que se traducen en más presiones sobre el tipo de cambio.

Entrado el último año de gobierno de Cambiemos la economía se presta a terminar el ciclo más pobre, más endeudada y peligrosamente vulnerable a los deseos e intereses de las corporaciones financieras y los organismos internacionales de crédito. Vaya cambio. Nada para celebrar.

Esteban Guida- [email protected]