Esta semana, el presidente Mauricio Macri lanzó el programa federal “Argentina Exporta”, cuyo objetivo central es fortalecer la capacidad exportadora del país, asignatura pendiente fundamental para resolver de manera genuina y sustentable el desequilibrio externo que acarrea la economía nacional desde hace tiempo.
Entre los objetivos del plan se busca triplicar las exportaciones de bienes y servicios en los próximos doce años, definiendo metas cuantitativas muy ambiciosas; por ejemplo, se espera que en el año 2023 el valor de las exportaciones ascienda a 100 mil millones de dólares (75 mil millones en bienes y el resto en servicios) y en 2030 a 200 mil millones de dólares (140 mil millones en bienes y 60 mil millones en servicios). Un aumento importante, teniendo en cuenta que en el año 2017 las exportaciones apenas superaron los 58 mil millones de dólares.
El gobierno nacional cuenta en su haber con un desafortunado antecedente de metas autoimpuestas incumplidas. De hecho, el propio presidente, reconoció haber cometido el error de ser “demasiado optimista” en las proyecciones económicas, situación que derivó en las políticas recesivas y anti productivas que se están aplicando, producto del colapso de un sistema basado en la apertura, la especulación y la renta financiera.
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El presidente explicó que, con este programa, se espera que el perfil exportador del país se articule por el aumento de empresas exportadoras. Sin embargo, no está claro cómo harán las empresas para lograrlo, siendo que el principal desafío que tienen en la actualidad es superar la crisis y las medidas económicas aplicadas por el propio gabinete económico, que son, más allá de los discursos, los verdaderos escollos para producir y exportar.
En los hechos están las respuestas a estos interrogantes que, lejos de las ironías, reflejan las inconsistencias habituales del gobierno de Cambiemos. Dentro de los pilares que se esgrimen para lograr el ambicioso objetivo de exportaciones, se encuentra la infraestructura física; pero el plan de obras básicas previstas en el presupuesto está condicionado por un objetivo prioritario, que es el “déficit cero”.
En segundo lugar, se menciona la necesidad de contar con energía barata, pero ello sólo bajo la expectativa de lo que producirá Vaca Muerta, ya que la decisión política de favorecer el negocio de las energéticas sigue cargando sobre los costos de las empresas y restringiendo la demanda.
Por último, se menciona que resulta necesario poner un límite a los impuestos de las provincias y municipios para que no afecten la capacidad de invertir de las empresas, pero al mismo tiempo el gobierno nacional descentraliza gastos condicionando aún más sus posibilidades de bajar impuestos sin caer en cesación de pagos.
Nuevamente, el gobierno dice una cosa, mientras en la práctica hace otra. Faltando un año para las elecciones presidenciales (las que según el propio Macri, lo encontrarán postulado a la reelección), los anuncios de este programa aparecen como otro discurso político oportunista, sin fundamentos sólidos y medidas específicas.
La necesidad de mejorar la posición exportadora de la Argentina es, en verdad, un objetivo estratégico que no puede quedar subsumido al arreglo con organismos foráneos, la ambición de algunos grupos económicos o el interés de algunas empresas.
Desde el año 2015 las exportaciones argentinas están estancadas debajo de los 60.000 millones de dólares, a pesar de que la devaluación acumula un 160%. Sucede que antes de poder exportar, las empresas necesitan poder trabajar, tomar crédito y generar empleo, porque de lo contrario, ni siquiera podrán sobrevivir a la competencia de productos extranjeros, habida cuenta de la política aperturista que defiende el propio gobierno.
Esteban Guida- [email protected]
