Una conquista histórica
Por Juan Manuel Rossi *
La coyuntura siempre es un árbol que tapa el bosque. El malogrado “paro agropecuario” acapara –una vez más- la opinión pública en dirección a un solo aspecto del muy heterogéneo sistema de relaciones económicas, productivas, sociales y culturales del medio rural, denominado con reduccionismo genérico como “campo”.
En el marco de la Ley de Solidaridad Social, el gobierno aumentó de 30 a 33 por ciento las retenciones por derechos de exportación a la soja, y a su vez, bajó esa alícuota a muchas otros cultivos. El hecho más relevante fue haber segmentado ese impuesto en función del volumen de la producción, beneficiando a los productores de menos de 1.000 toneladas con criterio progresivo. La medida beneficia a 42.600 productores de soja, que representan el 74 por ciento.
Para quienes nos formamos en la Federación Agraria Argentina, se trata de una conquista de magnitudes históricas, reclamada por décadas. Nada menos que el reconocimiento de las diferencias de escala entre productores. Que es la diferencia de capacidades, de posibilidades, de rentabilidades. Y también de pertenencia y conciencia social.
Es una deshonestidad intelectual simplificar los problemas productivos y atribuirlos exclusivamente a la apetencia recaudatoria del Estado. La carga impositiva explica solo una parte del problema y la reconocemos. Tanto nos importa que celebramos la compensación a los productores más chicos ¿Pero quién se ocupa de las múltiples variables que inciden en los costos de producción?
La primera de ellas es el alquiler de la tierra. Dos de cada tres campos en Argentina son explotados sobre tierra arrendada. En la zona núcleo es peor. Promediando el análisis, el productor paga entre 15 y 20 quintales de soja, en tanto cosecha entre 35 y 50 quintales. Es decir, más del 40 por ciento del costo de producción se lo lleva el dueño de la tierra. En los tambos el costo del arriendo define el 30 por ciento del costo total, mientras tres cuartos de la producción lechera se realiza sobre campo alquilado.
A ello se suma la concentración de la tierra. Por ejemplo -según el Censo Nacional Agropecuario-, en la provincia de Buenos Aires sólo 211 familias son dueñas del 43 por ciento de las hectáreas cultivables. Entonces, no discutir el precio del alquiler de la tierra -que afecta tanto la rentabilidad del productor como el precio de los productos que llegan al consumidor-, es cuanto menos una irresponsabilidad.
Los chacareros arrendatarios que en 1912 protagonizaron el “Grito de Alcorta”, lo hicieron, precisamente, ante la expoliación que le propinaba la angurria terrateniente. En Argentina sigue existiendo el latifundio y también la renta extraordinaria devenida de la propiedad de la tierra, que a la luz de cualquier ideología con la que quiera ser valorarla, es un bien dado, no amortizable y cuya retribución sigue siendo el principal escollo del desarrollo productivo.
Entonces de lo que tenemos que hablar, discutir y consensuar, es de una ley de arrendamientos que contemple tanto las inequidades aludidas como las necesidades del país.
También podemos cuestionar el precio de los insumos, que acumulan el 20 por ciento del costo de producción. Asumido como una mochila inevitable, sin atenuantes, sin derecho al pataleo. Empresas oligopólicas que cobran en dólares y aumentan en dólares. Otro ejemplo de la falta de regulaciones, de la falta de Estado, del exceso de poder.
Y existen más debates abiertos: paradigmas tecnológicos, limitaciones en infraestructura, cuidado del ambiente, y muchos otros. Configuran incertidumbres abordables.
El costo de financiamiento (y su ausencia), también está en el podio. Es cierto que las tasas han bajado sensiblemente, aunque no atiende las necesidades de inversión que tienen las cooperativas productoras de alimentos para recuperar la capacidad instalada, en el contexto de los requerimientos impostergables de la emergencia alimentaria.
Continuaremos construyendo representatividad entre las muy diversas organizaciones del sector. Interpelando a los gobiernos sin caer en anacrónicos enlazamientos. Bregando por políticas de mediano y largo plazo, diferenciadas para productores y cooperativas. Mientras acercamos productores y consumidores, contribuyendo a garantizar alimentos a precio justo en la mesa de los argentinos.
* Presidente de la Federación de Cooperativas Federadas Ltda. (FECOFE)
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De la supervivencia al crecimiento.
Por Marisa Boschetti **
Durante 2019 desaparecieron casi 1000 tambos en nuestro país. Somos apenas más de 10.000 los tamberos que sobrevivimos y resistimos, de los cuales la mitad somos muy de pequeña escala (menos de 2000 litros diarios). Hace 10 años la producción argentina está estancada en 10.000 millones de litros anuales, aunque ese volumen lo generan cada vez menos productores. Asistimos hace años a un fuerte proceso de concentración de la producción, local e internacionalmente.
El tambero no es formador de precios: entrega todos los días su producción, sin alternativa, y recibe con hasta más de un mes de demora el pago, sin poder de negociación en el precio. En el mejor de los casos el productor primario recibe la tercera parte del valor final de un litro de leche sachet en góndola al público.
Nuestra cadena no sólo es parte central del corazón productivo argentino: también en cuanto al consumo somos fuertemente locales. El 80 por ciento de la producción se destina al mercado interno, es decir, los grandes clientes de los tamberos son los argentinos. Producimos para alimentar a nuestro pueblo, y el consumo per capital de lácteos en nuestro país es el más alto de américa latina.
En lo que hace a la industria, si bien todos conocemos la primacía de una de las empresas, es también destacable que en total hay 670 plantas industriales en el país, con una muy fuerte presencia de PyMES en el interior que procesan lácteos, principalmente quesos, generando mano de obra industrial y agregado de valor en origen. Desde el tambo y en el resto de la cadena hay una alta tasa de generación de empleo por unidad productiva y servicios asociados.
Por eso cuando hablamos de un tambo que desaparece no son solo números: son menos puestos de trabajo, es menor producción para los argentinos, son familias desplazadas del campo, es arraigo y cultura que se pierden, son pueblos que desaparecen.
Muchas veces los tamberos no podemos más, endeudados y aquejados por contingencias climáticas. Pero tenemos esperanza en que esto pueda cambiar. No queremos simplemente seguir resistiendo, sobreviviendo. Nos levantamos los 365 días del año a trabajar, con la esperanza de que no nos quiten el sueño de ser tamberos, podemos y queremos crecer, la condiciones naturales están a nuestro favor y el mundo demanda cada vez más alimentos de calidad como los que nosotros producimos. Somos además parte central del combate contra el hambre, que debe unir a toda la sociedad argentina.
Hay acciones para pasar del estancamiento al crecimiento. Creemos y luchamos por políticas públicas diferenciadas, para sostener los tambos en el interior de país, en particular de menor escala, favorecer el desarrollo de las pymes industriales y toda actividad tambera.
En el corto plazo se requiere: financiamiento acorde en monto, plazo y tasa; apoyo de emergencia para evitar el cierre de tambos; y mejorar el plazo de pago, las condiciones del pago y las relaciones contractuales entre el eslabón primario y la industria, con el fin de evitar abusos en la cadena. En cuanto al largo plazo, debemos crear créditos a valor producto, propender las acciones necesarias que permitan transparentar la cadena láctea, formalizar y evitar la competencia desleal, mejorar la infraestructura de caminos y transporte, tan necesaria para nuestro producto perecedero, entre muchas otras medidas.
Estoy convencida que los cambios tienen que empezar a darse y para ello debemos estar muy unidos, con el compromiso de trabajar y luchar por nuestra producción. A los tamberos de todo el país que la están pasando realmente muy mal, les quiero decir que no están solos, y que estamos trabajando para lograr las políticas necesarias a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto que para esto debemos contar con la decisión política de nación y provincias, los interlocutores válidos designados, y ser convocados a coordinar con el gobierno, en un dialogo orientado en acciones y políticas.
**Federación Agraria.
Fuente: pagina12.com.ar
