La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT emitió un comunicado en el que destaca que «2017 ha comenzado, como no podía ser de otra manera con este gobierno, con un mercado interno donde se mantiene la recesión, con una inflación anualizada del 42%, quebrantos empresarios, despidos y suspensiones, tanto en el sector público como en el privado: educación pública y privada, textiles, metalúrgicos, seguros, petroleros, comercio, gráficos, curtidores, construcción, alimentación, y la minería».
Seguidamente denuncian desde la CGT que la ola de «despidos demuestra que no hubo ni habrá diálogo social con esta política económica. El denominado “Diálogo por la producción y el trabajo” ha resultado una pantomima, disfrazada con insuficientes paliativos, destinada a ganar tiempo para proseguir un ajuste salvaje, exigido por los grandes grupos económicos y financieros, que recae fundamentalmente sobre los trabajadores del sector formal y de la economía popular».
Según los trabajadores, son varios los elementos que confluyen en la construcción de esta realidad:
• Las presiones para imponer topes a las actualizaciones salariales y la negociación a la baja de los convenios colectivos de trabajo, los anuncios de flexibilización de la legislación, de precarización laboral como las pasantías, de rebaja de contribuciones patronales a la seguridad social que son salario diferido de los trabajadores.
• Los anuncios de nuevos aumentos de los combustibles, de las tarifas de luz, de gas, de agua, teléfonos, de ABL, de patentes, de transporte.
• La eliminación de la devolución del IVA por compras con tarjeta de débito, que afecta sobre todo al consumo interno, mientras se mantiene la rebaja o eliminación de retenciones a las exportaciones agrarias o a la minería.
• Los anuncios de mayor apertura de las importaciones en detrimento de la producción nacional.
• Una desembozada reducción de los derechos previsionales.
Por otra parte, los miembros de la Corriente Federal señalan que existió una mora por parte del gobierno que tomo cuenta de la realidad internacional «cuando se confirmó el triunfo de (Donald) Trump como presidente de los Estados Unidos. El hecho complica y encarece la colocación de deuda para sostener esta política inviable que instaló en nuestro país un déficit fiscal entorno del 10% del PIB», y agregan que «acompañada de un déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, necesita imperiosamente de crédito externo».
Respecto de las imposiciones externas y la voluntad del cumplimiento de estas, el documento reza que «empeñado en obtener ese crédito, por exigencia de conglomerados financieros transnacionales a los que están vinculados sus ministros, ha eliminado el plazo mínimo de permanencia en el país para las inversiones financieras extranjeras, alentando al capital especulativo a ingresar sin restricciones».
Además, sostienen en el comunicado que las medidas constituyen una «decisión criminal, que abre paso a los golpes de mercado, más si se tiene en cuenta que, previamente, otorgaron a los exportadores un plazo de hasta cinco años para liquidar las divisas provenientes de las ventas externas», advirtieron.
A renglón seguido, apuntaron que no se puede pensar «que el gobierno no sabe a dónde va. Sí que lo sabe, por ello propicia la represión de la protesta social, como lo demuestra la exhortación presidencial a su subordinado jefe de Gobierno porteño para que este año tenga un comportamiento distinto y termine con los piquetes. Por ello se reiteran las maniobras para desorganizar y fragmentar al movimiento nacional popular».
En relación a los efectos que producirán las decisiones tomadas por el presidente Macri, alertan que «por este camino, más temprano que tarde, pronto entraremos en una situación de mayor destrucción del entramado productivo y una ingente acumulación de deuda que será muy difícil de revertir».
Porque se busca un modelo de país «dependiente de los grandes conglomerados empresarios locales y transnacionales, por ello, siguiendo la lógica de esta política económica se busca deconstruir, reducir, reestructurar, los sistemas educativo, de seguridad social, científico, la política nacional de relaciones exteriores, la política de derechos humanos, el papel de las fuerzas armadas y de seguridad, condicionar la soberanía nacional y popular».
