Enviado especial a Buenos Aires – Verónica Russo es integrante de un frente de organizaciones de lucha contra el Sida que se encontraba frente a las puestas del Anexo de Diputados, para pedir que se incrementen los fondos de la partida destinada a la asistencia de pacientes con VIH.

En diálogo con Conclusión, Russo explicó que las personas que «se encuentran con tratamiento necesitan 5100 millones para solo pensar en los tratamientos», al tiempo que advirtió que en el anteproyecto que envió el Ejecutivo nacional y que se debate en comisiones alcanza solo «los 3500 millones».

Para la vocera de las organizaciones que protestaban ante el ajuste que se realizó sobre esos fondos, «quedarían afuera cerca del 30% de los afectados» por la enfermedad. No sin antes aclarar que tiene que precisar «ese porcentual», porque «día a día hay más personas que se incorporan a la nómina de pacientes que deben ser asistidos».

«Además, esto nos obliga a ser previsores porque el no se tiene certeza e cuantos serán los pacientes que el año que viene demandarán ser atendidos para darle una solución a su situación», remarcó Russo.

Otro de los aspecto que preocupa a los miembros de estas entidades que luchan para encontrar respuestas -en el marco de políticas públicas- a sus requerimientos es que desjerarquización que sufrió el ministerio de Salud que «fue reformulada y quedo con el rango de Secretaría no cuenta con el director del área porque renunció».

Según Russo, el alejamiento del funcionario se debe a que no «estaban las condiciones dadas para tener un Presupuesto que contenga los fondos necesarios solo para los medicamentos», y agregó que tampoco hay asignaciones «para prevención u otras campañas que el Estado debe realizar porque tiene entre tantas funciones «la misión de tutelar la salud de los argentinos».

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Russo reveló que desde el oficialismo se presentó una ley que cercena los derechos que tienen los pacientes y que por oposición fue elaborada y llevada al parlamento otra iniciativa que da una mejor cobertura a quienes padecen esta enfermedad.

Finalmente, la representante de los afectados por estas medidas dijo que las prioridad para el Gobierno «no es la fuga de capitales, sino las pensiones no contributivas que mayoritariamente poseen las personas con VIH, que al igual que el pase de colectivos, sirven para paliar lo mínimo», y remató la critica solicitando al gobierno la «sensibilidad humana que se requiere para este tipo de casos porque en octubre de 2019 los pacientes reciben la medicación en forma fraccionada y lo que es peor hay medicación vencida».