Por Facundo Díaz D’Alessandro
La profundidad de la crisis económica hace que golpee indistintamente a la sociedad argentina, pero las empresas, grandes, medianas y pequeñas son hoy un polo central del deterioro reflejado en indicadores lapidarios en términos de consumo, inversión, capacidad instalada de la industria y producción.
El país atraviesa el tercer trimestre de una recesión por ahora sin caducidad aparente, luego de la brutal crisis financiera de 2018, y las cifras son elocuentes: el año pasado se cerró con cerca de 250 pymes en Santa Fe con procedimiento preventivo de crisis (PPC) y otras 60 empresas aguardando ingresar en ese programa, según cifras de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).
> Te puede interesar: Temores y críticas al corazón del modelo macrista en la Fiesta de la Industria
Esto se traduce en cerca de 20.000 puestos de trabajo en riesgo, un número más que significativo, sobre todo si se tiene en cuenta que en la provincia el sector de manufacturas de origen industrial (MOI) emplea a unos 120.000 obreros registrados.
El caso del PPC solicitado por Coca Cola-Femsa días atrás (luego retraído, con despidos incluidos) volvió a poner el tema en el centro de la agenda mediática, pero es una realidad acuciante que viven muchas firmas y se ha recrudecido desde el estallido de la crisis en 2018.
Más allá de ese caso puntual, según datos difundidos por el gobierno nacional, en los dos primeros meses del año se presentaron 21 pedidos de PPC. Todos están aún bajo análisis y con audiencias por delante.
Si se sostuviera ese ritmo, el año podría terminar con alrededor de 130 casos. Es un valor levemente inferior a la cantidad de procesos presentados en 2018, siempre según las cifras oficiales, que difieren de las de cámaras industriales.
En las últimas semanas, además de Coca-Cola Femsa, ingresaron «en estado crítico» algunas otras empresas de renombre: Editorial Atlántida, Fate o Avianca, entre otras. El año pasado, el caso «estrella» había sido Carrefour.
Un informe publicado días atrás por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), asegura que “los procesos preventivos de crisis se están convirtiendo, además, en formas de avanzar en la flexibilización laboral de facto”.
Es que esta herramienta es una forma de avance en “reconversiones” y ajustes que las grandes empresas buscan aplicar, ante la imposibilidad que el Ejecutivo encuentra en el tratamiento parlamentario de una legislación reducida en derechos laborales, la mentada “reforma laboral”.
> Te puede interesar: Coca Cola-Femsa: más de 30 despidos y no habrá procedimiento de crisis
Además, desde distintos gremios vienen advirtiendo sobre esta “segunda intención” que las grandes empresas persiguen al presentarse en la Secretaria de Trabajo: la búsqueda del visto bueno gubernamental para ajustar.
Según números relevados por Cepa, en los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) el impacto negativo de la actividad económica se hizo sentir en un número importante de empresas que entraron en procesos preventivos de crisis (246 casos), concurso preventivo de acreedores (805 casos en Caba y PBA) y quiebras (2.177 casos en Caba y PBA).
Según la Secretaría de Trabajo de la Nación, entre 2016 y 2018 se presentaron a proceso preventivo de crisis 246 empresas, siendo solamente 108 los casos en 2018, el valor más alto desde 2005, aunque inferior al relevado por cámaras privadas.
Lo llamativo es que se registra un cambio cualitativo de política pública en términos laborales: lejos de propiciar el sostenimiento del empleo en un contexto de caída de la actividad, “los procesos preventivos de crisis están oficiando sólo de protocolo administrativo para autorizar despidos” expone el documento.
> Te puede interesar: Con apoyo de Perotti y Rodenas, la UOM insiste por la Emergencia Metalúrgica
“No están cumpliendo el objetivo de propender a la resolución de los problemas de fondo en materia de viabilidad económica, cuidando los puestos de trabajo como objetivo en última instancia”.
“Cuando los procesos preventivos, concursos y quiebras aumentan significativamente es debido a que las condiciones macroeconómicas hacen inviable que se mantenga la actividad por causas que le son ajenas”, agrega.
Diferencias entre PPC, concurso y quiebra
Si nos remitimos a la definición jurídica se debe hacer una diferenciación entre los procesos preventivos de crisis, los concursos preventivos y las quiebras.
El Procedimiento Preventivo de Crisis es una solicitud ante la Secretaría de Trabajo realizada en los términos del Artículo 98 de la legislación en vigor por las personas Jurídicas o entidades gremiales cuando se afecte a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores ya sea por razones de suspensiones o despidos y cuya finalidad es encuadrar una solución que evite o disminuya estos efectos.
> Te puede interesar: Un funcionario del Gobierno reconoció que la recesión durará “por lo menos” hasta abril
Por su parte, el proceso de concurso se corresponde con la solicitud judicial para lograr un plan de propuesta y readecuación que le permita acordar con sus acreedores la cancelación de los compromisos que lo llevaran a dicha situación, continuando así su actividad.
Esta situación, en caso de no concretarse o cumplimentarse, derivará en una solicitud de quiebra, que es la liquidación de bienes mediante remate judicial hasta la cancelación del total de compromisos fehacientemente reconocidos por el síndico designado.
> Te puede interesar: El gobierno admitió que la industria sufre la mayor caída del empleo
Los analistas de Cepa, tras un estudio pormenorizado del devenir de cada una una de estas instancias, sostienen que “hay empresas que recurren, ante situaciones de insolvencia auto inducidas, a la figura del concurso preventivo de acreedores con la única finalidad de limpiar su pasivo, para lo cual logran el acuerdo de determinados acreedores, en perjuicio de los demás acreedores”.
