A sólo dos meses de haber firmado con el FMI, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció la intención del gobierno argentino de solicitar al organismo internacional una revisión del acuerdo.

El objetivo es adelantar los desembolsos relativos al apoyo financiero para dar una señal institucional respecto al cumplimiento de los compromisos fiscales hasta fines del año 2019.

El anuncio fue la confirmación oficial de que los números no cierran, lo que en sí resulta un nuevo fracaso en la gestión económica del gobierno. Esta situación acrecienta la desconfianza en la solvencia de Argentina y explica la corrida cambiaria que provocó una devaluación del 25% en menos de una semana.

A esta altura de los acontecimientos, son pocos quienes piensan que las nuevas condiciones que imponga el FMI aliviarán la gravosa situación que viven los argentinos.

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Por el contrario, se anticipa mayor exigencia en las metas y el endurecimiento en las políticas de ajuste; se habla de cambiar el objetivo fiscal de -1,3% del PIB para pasar a un equilibrio fiscal (es decir, déficit cero), aumentar la presión fiscal y dejar que el precio del dólar se mueva libremente.

Aunque resulte paradójico, la “locura cambiaria” de esta semana, empezó a mostrar los resultados que busca el FMI: la actividad económica está virtualmente parada por la indefinición de precios relativos, la especulación y la retención de stocks; el poder adquisitivo de los salarios cayó estrepitosamente y se frenó abruptamente la demanda agregada; las consultas por viajes al exterior se suspendieron de golpe y la tasa de interés abortó cualquier plan de inversión con necesidad financiamiento.

Suena duro, pero en rigor de verdad, el propósito de empobrecer a los argentinos es evitar que sigan fugando los dólares que el FMI le presta al país para garantizar la liquidez del mercado cambiario y atender a sus compromisos de deuda. Tanto la devaluación, como el ajuste fiscal, son medidas que el fondo aprueba para habilitar los próximos préstamos que eviten un nuevo default; se trata de un respirador artificial muy oneroso para los argentinos de hoy y de las generaciones futuras.

De no mediar cambios en este escenario, lo que viene es todavía peor para el conjunto de los argentinos (aunque el gobierno afirme sin fundamentos que está sentando las bases para un país mejor).

Un ejemplo concreto y actual de que la persistencia de estas medidas puede agudizar los problemas y prolongar la agonía de un pueblo, es el caso de Grecia, que lleva casi una década aplicando medidas semejantes bajo la supervisión del FMI. En menos de 10 años, este país sufrió una caída de su PIB de 30%, tiene una deuda que representa 1,8 veces el valor de su producción anual, y acumula un déficit externo del 58%.

Además de otros males económicos, la desocupación ronda el 20% y la pobreza ya llega al 35%. Esto muestra que la economía no explota en sí misma. El deterioro social, la pobreza, la exclusión, la pérdida de soberanía y del patrimonio nacional, puede profundizarse
hasta niveles cercanos a los de países pobres o extremadamente injustos.

No es la economía la que pondrá freno al derrotero que pone en riesgo la dignidad de un pueblo y trascendencia de una Nación, sino la voluntad de sus compatriotas que asuman el compromiso de volver al curso que lo lleve a su destino de grandeza.

*Fundacion@pueblosdelsur.org