El Senado comenzó a tratar hoy el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea un régimen de contratación público-privada para obras de infraestructura y el gobierno apuesta a su aprobación para «acceder a nuevas fuentes de financiación» y «generar empleo».
La iniciativa empezó a debatirse en un plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales adonde concurrieron funcionarios del Poder Ejecutivo, y la discusión seguirá el próximo jueves con la presencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
El proyecto establece un régimen que fomenta la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura y servicios en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución.
También apunta a regular los estándares de calidad y eficiencia y la forma de pago de los contratos, al tiempo que establece un régimen de revisión del precio de los contratos.
En esta primera jornada de debate en el Salón Azul del Congreso, expusieron en nombre del Ejecutivo el asesor presidencial de financiamiento internacional, Horacio Reyser, y la secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Paula Bertol.
Además participaron de la reunión los representantes del Banco de Desarrollo de América Latina René Cornejo y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Gastón Astesiano.
«Estamos presentando una ley moderna que va a generar grandes oportunidades para incrementar la producción y generar empleo», señaló Reyser, al tiempo que indicó que el país viene «de una situación y un marco legal débil» en cuanto a la relación público-privada.
El funcionario subrayó que el proyecto del Poder Ejecutivo «no elimina la ley de obras públicas» sino que se trata de «una forma probada de acceder a nuevas fuentes de financiación» y aseguró que «es fundamental para lograr desarrollo económico sostenido».
Por su parte, Bertol indicó que se trata de un proyecto de ley «ambicioso» porque «contempla diversidad de actores», que «contribuirá a una mayor producción y a la generación de empleo» y que «los contratos de participación público y privado son una herramienta eficiente y eficaz».
En tanto, Cornejo señaló que «el contrato de producción público-privada cambia el foco» porque se pasa «de contratar una obra a contratar la prestación de un servicio» y que «así, en lugar de contratar la construcción de una carretera lo que se contrata es la transitabilidad de la misma».
El debate continuará el próximo jueves a las 9.30 en el Salón Azul del Congreso, con la presencia de Frigerio y de gobernadores de distintas provincias, por lo que se estima que será una jornada central en el tratamiento del proyecto.
