El Gobierno definió este viernes que las tarifas de electricidad aumentarán 9% desde mayo para usuarios residenciales.

La medida -que alcanza a los usuarios de las distribuidoras Edenor y Edesur– se tomó luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, según se informó este viernes.

El ajuste será el primero de los dos que se aplicarán este año y aún resta definir cuándo comenzará a regir el siguiente.

El encuentro entre el jefe de Estado y sus ministros, según trascendió, terminó con controversias en torno a la figura del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Al momento de «pisar» las tarifas, el equipo económico le había pedido a Basualdo un esquema de segmentación para incrementarlas a futuro, el cual no habría sido elaborado, según la version que echaron a correr desde Casa Rosada.

De este modo, el Gobierno comienza a transitar el sendero del descongelamiento tarifario, a partir de un esquema de ajustes graduales.

Las tarifas de electricidad no aumentan desde diciembre de 2019, cuando se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, una de las primeras medidas que aplicó la administración de Fernández.

La última prórroga del congelamiento se dispuso en diciembre de 2020: en ese momento, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación de las tarifas de luz y el gas.

Con el congelamiento, en apenas el primer trimestre de 2021 el Estado Nacional destinó $185.000 millones en subsidios para mantenerlas congeladas.

Esa cifra implica un incremento de 73% medido en forma nominal con relación a los $107.000 millones del mismo período de 2020, de acuerdo con cifras oficiales.

La reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos es uno de los puntos centrales para que el Poder Ejecutivo logre cerrar el año con un déficit primario en torno al 4,5%.

Las audiencias públicas para las «tarifas de transición» de la energía eléctrica se realizaron entre el 29 y el 30 de marzo, a cargo de la interventora del Enre, María Soledad Manín.