Por Aldo Battisacco – Enviado especial a Buenos Aires.- La Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva al proyecto de ley por el cual se crea el fondo fiduciario público denominado «Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata» (Ley 26.364).
El diputado mendocino José Luis Ramón (Protectora Fuerza Política), decidió votar negativamente por entender que «bajo el paraguas de una ley donde todos podemos concordar, se diera sobre figuras de decomiso sin condena«, del que consideró que en esta materia el oficialismo sigue impulsando«.
Si bien el parlamentario rescató que era imperiosamente «necesario dada la prioridad que quiere darse a la reparación de los daños generados por este tipo de ilícitos», aclaró que «las modificaciones que se proponen al sistema de prevención de lavado de activos para evitar que, por la conjugación de distintos ilícitos, se termine perjudicando a quienes se intenta defender».
Para Ramón se está «legitimando expresamente la posibilidad de ejecutar los bienes de una persona únicamente procesada por el Estado por la supuesta comisión de un delito. Hasta que no tenga condena firme, no es culpable, ni esos bienes son producto de ilícito alguno, ya que ninguno está demostrado».
El legislador cuyano sostuvo que «el decomiso que ordena el Código Penal en su artículo 23, es con condena firme y totalmente accesoria a aquella», y agregó que «no es alguien con condena firme de ningún tipo, simplemente existe una sospecha y se ordena «el decomiso sin condena, tal cual lo indica el artículo 13 del proyecto que propone modificar el 28 de la Ley 26.364».
En relación a los fundamentos y las críticas que realizó el parlamentario, en una parte de su intervención subrayó sobre el tema, sentenció: «No es un tema de quienes sean los imputados, ni por qué delito se los esté procesando o investigando, sino que es un tema básico de respeto por las garantías constitucionales. Quienes crean que existen buenos motivos para violar la constitución, se creen por encima de todo el pueblo argentino».
