El Gobierno nacional decretó este lunes la emergencia energética en todo el país hasta el 31 de diciembre del año que viene e intervino el Enre y el Enargas. La medida anticipa que habrá «adecuaciones» tarifarias que permitan «cubrir las necesidades de inversión» y «garantizar la prestación continua de los servicios».
El Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei publicó este lunes el Decreto 55/2023, que declara «la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural».
La medida instruye al secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo -que trabaja bajo la órbita de Luis Caputo- a elaborar, poner en vigencia e implementar «un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión».
Esto último -apunta el decreto- serviría «para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías.
En ese marco, el Gobierno también dispuso la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a partir del 1º de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorios.
Los interventores podrán encausar procesos de revisión tarifaria y, hasta que estén definidas, podrán «aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y la normal prestación de los servicios públicos involucrados».
«Resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes», resaltó el Ejecutivo nacional.
