Tras extensas jornadas de negociación y debate en comisiones, el oficialismo de la Cámara de Diputados arribó durante la noche de este jueves a un principio de acuerdo con los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal, y estaría dispuesto a efectuar cambios en el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», más conocido como “ley ómnibus”, a cambio de ganar apoyos en el recinto. El objetivo de La Libertad Avanza es aprobar la iniciativa que envió al Legislativo el presidente Javier Milei en una sesión que se realizaría promediando la próxima semana.
El consenso consistiría en modificar los aspectos vinculados al tema de movilidad jubilatoria, retenciones a las exportaciones, privatizaciones de empresas públicas y facultades delegadas, donde se acotará la emergencia pública solo a un año, con una prórroga por otro año otorgada previamente por el Congreso.
Otro punto clave del consenso sería eliminar el artículo para ratificar el DNU 70/2023, que se tratará en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, aunque ésta aún no se conformó.
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Si bien el Gobierno trabajaba para emitir dictamen este viernes y sesionar el sábado, aceptó el pedido de los bloques opositores de firmar el despacho el martes en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales, y el jueves 25 realizar una sesión que podría extenderse durante dos o tres días.
En ese sentido, el presidente de la Cámara, Martín Menem, aseguró que la intención del oficialismo es llevar al recinto la ley enviada por el Poder Ejecutivo lo antes posible y sostuvo que su “idea era ir este sábado”. “Sigo con esa idea. Es difícil, pero no imposible”, apuntó.
Los acuerdos se buscaron en reuniones que mantuvieron desde las 18 el ministro del Interior, Guillermo Francos junto a Menem, el asesor del Gobierno, Santiago Caputo, y el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Oscar Zago, con los legisladores de los bloques dispuestos a darle al Ejecutivo las herramientas para aplicar su plan de Gobierno.
Uno por uno, los puntos que se cambiarían en la “Ley Ómnibus”
Entre los cambios a aplicarse a la Ley de Bases se encuentra la reducción de dos a un año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo con una mayor restricción de las emergencias declaradas y la implementación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria atada al índice de inflación (o directamente el retiro de ese artículo para discutirlo después en una norma aparte).
También se acordó la quita de YPF del listado de empresas públicas declaradas sujetas a privatización, y la reducción a cero de los derechos de exportación aplicados a las economías regionales.
La oposición también le había pedido al Gobierno que acepte acotar la iniciativa a los capítulos vinculados a la emergencia económica, pero en ese aspecto Francos y Caputo no dieron el brazo a torcer y dejaron en pie los cambios en Justicia, Educación, Cultura, Ciencia, Salud e incluso la eliminación de las PASO.
• Delegaciones facultades: el Gobierno aceptó reducir de dos años (con posibilidad de otros dos años de prórroga) a un año. Se reducen las emergencias.
• Fórmula de movilidad jubilatoria: la suspensión de la ley vigente sin un reemplazo como pretendía el oficialismo quedó fuera del menú. Están en pie dos opciones: la primera es introducir una nueva fórmula de movilidad indexada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y que los haberes se actualicen según los aumentos del mes anterior; y la otra opción es directamente retirar el artículo sobre la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y postergar la discusión para más adelante, en una ley separada.
• Retenciones: se mantiene el 33% de las retenciones a la soja, pero se reduce a cero los derechos de exportación a las economías regionales, que en el proyecto original se elevaban al 15%.
• Privatizaciones: se mantiene el paquete de empresas públicas sujetas a privatización, pero se quita de la nómina a YPF, que de esta forma continuará siendo una sociedad anónima de propiedad mixta con participación mayoritaria estatal. Se acordó que, ante cualquier privatización, el Gobierno debe enviar el pliego con los términos y condiciones a una comisión bicameral del Congreso. Además de YPF, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal quieren impedir que se privaticen el Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica.
• Reforma electoral: se deja de lado la propuesta de uninominalidad de circunscripción cuya aplicación afecta a la representación de los partidos más chicos en la Cámara de Diputados. Se mantiene el sistema actual.
Arduas negociaciones
En primer término, los dirigentes del oficialismo se reunieron con el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, quienes también pidieron discutir el dictamen el martes próximo y sesionar desde el jueves.
Fuentes parlamentarias del PRO señalaron que fue una reunión muy buena ya que “se están tomando muchas sugerencias” que hizo ese espacio, “y se modificaron cerca de 100 artículos” para que se pueda “sesionar la próxima semana”.
La misma fuente, cercana a Ritondo, señaló: “Todavía hay algunos puntos que tenemos que seguir discutiendo, pero la idea es avanzar juntos en la redacción del dictamen final para que se trate en comisiones y luego pasar al recinto”.
Posteriormente, los funcionarios se reunieron con el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, y por último mantuvieron un encuentro con el nuevo grupo de trabajo conformado por Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal a la cual asistieron Miguel Pichetto, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Pamela Calletti, entre otros.
La principal preocupación del Gobierno reside en el ala radical, desde donde plantean mayores resistencias a la Ley Ómnibus. Además de los cambios ya mencionados, este sector también solicitó que no se toque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que iba a utilizarse para saldar deudas provinciales.
En este sentido, el senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, detalló que su partido no apoyará en el Congreso la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, la eliminación de la fórmula jubilatoria, el aumento de “retenciones al valor agregado y las economías regionales”, las privatizaciones de empresas públicas y la implementación de un “blanqueo escandaloso”.
Los legisladores misioneros de Innovación Federal, por su parte, desistieron de la posibilidad de acompañar al paquete de reformas en su conjunto, aunque están dispuestos a discutir ley por ley.
Esta situación obliga al oficialismo a negociar con la calculadora en la mano: La Libertad Avanza tiene 38 diputados y puede sumar siete apoyos con los aliados de Buenos Aires Libre, Unión Mendocina, Creo, Avanza Libertad y Producción y Trabajo, con lo que alcanzaría 45 votos, por lo cual, requiere el respaldo de la mayoría de los diputados del PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal.
Para garantizar la sanción de la ley el oficialismo necesita 129 votos y solo lo puede lograr si consigue el respaldo de la mayoría de estos legisladores, ya que entre la UCR, que tiene 34; el PRO, 37; y Hacemos e Innovación, 32, juntan 103 legisladores.
Con un escenario donde se presume que Unión por la Patria, con 102 votos, y el Frente de Izquierda, con 5, rechazarán la iniciativa, el oficialismo debe conseguir el respaldo de los bloques que han manifestado su voluntad de acompañar la iniciativa, aunque con cambios.
