En medio de las polémicas que generó en la población el tarifazo, y posteriormente la necesidad de que la Justicia interviniera para encauzar parcialmente la definición de los costos de la tarifa de Gas mediante la realización de una audiencia, dos legisladores nacionales apretaron el acelerador y elaboraron dos leyes para evitar que este tipo de situaciones se dilaten en el tiempo.
La Comisión de Energía y Combustibles voto favorablemente un dictamen que faculta a los estados provinciales controlar a las empresas de gas y junto a las cooperativas prestar el servicio de distribución de gas natural.
El dictamen contó con el aval de 16 legisladores del bloque Justicialista, el Peronismo Federal, el Frente Renovador, el Frente para la Victoria, el interbloque Progresistas, e incluso por un diputado del Pro, mientras que otros dos parlamentarios del oficialismo se opusieron.
La iniciativa fue el resultado de la unificación del texto de distintos proyectos de ley que fueron presentados por los diputados nacionales Sergio Ziliotto y Luis Lusquiños.
La idea nació en junio, inspirada en la falta de respuesta de una empresa de La Pampa -Camuzzi Gas Pampeana- que motivo la elaboración de un proyecto de ley de parte de Sergio Ziliotto y su posterior presentación en la cámara Baja.
La relevancia del texto aprobado es que transfiere a las provincias el poder de policía de las concesiones de gas natural en sus territorios. Y da lugar a generar un marco de descentralización de las funciones que hoy detenta el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas).
Según se desprende de la lectura del articulado del proyecto de ley, las provincias, por sí, o a través de sus organismos, empresas de derecho privado con participación estatal mayoritaria, o a éstas asociadas a cooperativas prestadoras de servicios públicos, a proveer los servicios de transporte y distribución de gas natural en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Otro de los puntos relevantes es que se le da nacimiento a una normativa que regula la función de contralor provincial y establece que, en el caso de la distribución en el interior de cada provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada una de ellas tendrá la atribución de ejercer el poder de policía, fijar tarifas y demás atribuciones inherentes a su poder jurisdiccional.
Ambos legisladores coincidieron en la defensa del dictamen que “al aprobar estas iniciativas estamos fortaleciendo el federalismo con la descentralización del control del servicio y, principalmente, construyendo un nuevo escenario para reemplazar las actuales prestadoras privadas, en su mayoría extranjeras, por empresas públicas y cooperativas locales. Ello permitirá prestar un mejor servicio y a menor costo. Las ganancias que hoy emigran del país se podrán volcar a mejorar la infraestructura y a bajar tarifas.”
Y por otra parte, entienden que se está revirtiendo una facultad delegada de contralor en el ENARGAS desde 1992, organismo que hoy ostenta la facultad de “delegar progresivamente en los gobiernos provinciales el ejercicio de aquellas funciones que considere compatibles con su competencia”, según lo establecido en el Marco Regulatorio del Gas – Ley 24.076, aunque no se ha llevado a cabo.
En síntesis, con la vigencia de la Ley el Congreso Nacional estará delegando facultades nuevamente, pero ahora en los estados provinciales.
