El Gobierno mantendrá en su propuesta de modificación del Régimen Federal de Pesca -Ley Nº 24.922- la obligación de descargar en puertos argentinos y de contar con tripulación argentina, al tiempo que removerá la palabra «internacional» en el sistema de asignación de cuotas, según un documento con cambios al proyecto de ley ómnibus, en tratamiento en la Cámara de Diputados.
El citado documento contempla que «la modificación del régimen de pesca generó un gran debate público y parlamentario», tras lo cual puntualizó que «la base del problema es que los actuales actores del sector, independientemente de una actualización tecnológica en años recientes, llevan a cabo su actividad de manera casi gratuita».
«Así, un recurso natural que es de todos los argentinos es explotado sin que la población pueda apropiar la parte de la renta que le corresponde», señalaron desde el Poder Ejecutivo, y graficaron que «a título de ejemplo las regalías en langostinos son de alrededor 0,3% y los de merluza hubbsi son de alrededor el 0,15%», lo cual es un «problema que urge resolver».
De esta manera el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras, y al respecto, el Ejecutivo adujo que «una gran confusión se produjo como consecuencia de la incorporación de la palabra ‘internacional’ en el sistema de asignación de cuotas aun cuando el proyecto no modificaba la exclusividad de los navíos argentinos para la actividad pesquera».
Con lo cual, «esta palabra es removida en esta versión clarificando dicha confusión», remarca el borrador.
Respecto al proyecto inicial «también se modificó el articulo 7 y se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley Nº 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina», se precisa en el documento.
Estas modificaciones al texto original del proyecto de la ley se dan luego del rechazo manifestado no sólo por el sector pesquero, sino también por parte de gobernadores provinciales, como los patagónicos -Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz)- y el bonaerense, Axel Kicillof, así como el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, entre otros dirigentes.
Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas eran justamente la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura, y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
Más allá de los cambios, referentes del sector y dirigentes como Montenegro sostuvieron en las últimas horas su oposición a las modificaciones del régimen de pesca impulsadas por el Ejecutivo.
El intendente marplatense reafirmo este lunes su «rechazo», y señaló que en caso de realizarse cambios, «tienen que ser virtuosos y no improvisados».
«Cualquier modificación tiene que ser conversada y debatida con las regiones a las que afectan. Necesitamos que la voz de quienes vivimos en el interior del país sea escuchada y no menospreciada como tantas veces en los últimos años. Voy a seguir trabajando para que los diputados y senadores tengan en cuenta la realidad de nuestra ciudad y así defender los intereses de mi región», expresó a través de la red social X (ex Twitter).
Puerto de Mar del Plata
En la misma línea, la Cámara de la Industria Naval rechazó «enérgicamente la nueva versión», y sostuvo que el Gobierno insiste «en un error conceptual que puede generar consecuencias irreparables en la industria pesquera e inmediatas para nuestra propia industria».
La entidad empresaria pidió a los legisladores «frenar y rechazar íntegramente» la sección del proyecto referida a la pesca y solicitó al Poder Ejecutivo que «no prosiga con esta pulseada absurda que sigue paralizando a nuestra industria naval y poniendo en vilo a la pesquera».
Por otra parte, el presidente de la la Unión del Comercio, la Industria y la Producción marplatense (UCIP), Blas Taladrid, aseguró que se trata de «una reforma innecesaria que no fue pedida por ninguno de los actores del sector», y consideró que «pone a Mar del Plata al borde de una de las mayores desocupaciones de su historia».
«Si tenemos en cuenta que la ciudad tiene una población económicamente activa de cerca de 300 mil personas, la pérdida de 40.000 puestos de trabajo que podría tener nos llevaría a un índice superior al 20 por ciento de desocupación, con las implicancias que eso trae aparejado, no solo para el sector, sino para la economía en general», expresó Taladrid.
Subrayó además que «la sola presentación del proyecto y su discusión hace que se empiecen a frenar inversiones en el sector y que se esté suspendiendo la construcción de algunos barcos en astilleros locales, debido a que no saben si van a tener o no cuota de pesca».
Para el abogado César Augusto Lerena, especialista en pesca y Atlántico Sur, «es necesaria una reforma integral de la Ley 24.922 y, que esta reforma, debería ocurrir durante 2024, coincidiendo con la redistribución de las cuotas, en atención a la experiencia derivada, precisamente, de la aplicación de la Ley 24.922 promulgada en 1998 y la evolución de toda la legislación aplicada en la materia en Suramérica y la Unión Europea. No obstante, si no se desecha lisa y llanamente la actual reforma, entendemos, que el alcance de la modificación que se propicia a la reforma relativa a la pesca resulta insuficiente».
