Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

Este jueves tuvo lugar, en el Congreso Nacional, la segunda reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la cual se analizan catorce denuncias realizadas contra los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad, doce de los denunciantes explicaron ante los legisladores los motivos que los llevaron a impulsar estos proyectos, mientras que el próximo jueves la comisión decidirá si avanzar con la recolección de pruebas contra el accionar de los magistrados.

La reunión comenzó a las 11 de este jueves y se extendió por casi cuatro horas. En el encuentro expusieron diputados oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados, quienes ratificaron sus denuncias contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.

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Una de las primeras en dar su testimonio fue la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, quien manifestó: “Es una buena idea iniciar este juicio político, creo que es el momento oportuno. El juicio político no solo es admisible, sino que llega muy tarde. Estos juicios de la Corte han hecho mucho daño en su conjunto”.

“Las voces que se escuchan en este juicio son interesadas y se difunden por quienes son los beneficiarios en el proceder de los jueces”, expresó Cortiñas, quien seguidamente apunto contra “los grupos mediáticos, como Clarín, y los grupos económicos concentrados, muchos de los cuales fueron clientes de (Carlos) Rosenkrantz”.

Seguidamente, la referente de Madres de Plaza de Mayo se refirió a la sentencia del “2×1” emitida por la Corte, la cual conmutaba pena a los represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura, y destacó su relación los integrantes del máximo tribunal.

Asimismo, Cortiñas apuntó contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y pidió “no olvidar nunca” el caso de Patricia Isasa, una detenida-desaparecida que acusó al juez de haber apañado –cuando era intendente de la ciudad de Santa Fe– al represor que la torturó y violó durante la última dictadura, quien se desempeñaba en la municipalidad de la capital provincial.

“La Constitución exige que todos los funcionarios públicos tengan idoneidad para ejercer su cargo y Rosatti y Rosenkrantz fueron designados por un decreto y eso los descalifica. Estos jueces se han convertido en legisladores que se permiten derogar leyes y reemplazarlas por otras leyes ya derogadas”, agregó Cortiñas.

Por último, y en respuesta a una pregunta de Conclusión, la referente de Derechos Humanos consideró: “Si fueran jueces con una pizquita de dignidad, estarían renunciando, pero no la tienen, desde luego. Nosotros seguiremos luchando como lo hicimos estos 45 años que estamos en la calle”.

A su turno, el diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, manifestó: “Ratifico el proyecto de resolución por el cual hemos pedido el juicio político de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de su presidente (Horacio Rosatti) por mal desempeño en sus funciones. Según la Constitución Nacional, los ministros de la Corte deben administrar justicia bien y legalmente”.

Sobre el cierre del encuentro, el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, Germán Martínez, sostuvo: “La semana pasada tuvimos la primera reunión de trabajo donde, además de leerse los encabezados de los catorce proyectos de juicio político, también se enumeraron los sesenta hechos que constituyen las distintas denuncias que hay contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En esa reunión la presidenta de la comisión nos propuso que hoy podamos escuchar a los autores del proyecto, cosa que hicimos con mucho respeto a lo largo de cuatro horas de trabajo”.

“Hacemos un análisis positivo de la reunión de hoy. Nos decían que queríamos montar un circo y hoy hemos dejado en claro la seriedad con la que encaramos este proceso. Nos decían que las denuncias eran unos mamarrachos, pero quedó claro no solo la profundidad sino la diversidad de los distintos hechos que se revelan. Nos decían que esto era una especie de capricho del oficialismo, y hoy con las propias palabras de la diputada Oliveto quedó claro que estamos haciendo uso de un instrumento dado por la Constitución Nacional. También nos marcaban que estábamos queriendo avanzar sobre la Corte por el contenido de las sentencias, pero quedó claro que estamos hablando no solo de posible mal desempeño, sino también de posible comisión de delitos en las funciones. Esperemos que el jueves de la semana que viene podamos avanzar en lo previsto por el Reglamento Interno de la comisión de Juicio Político que habla del informe de admisibilidad”, agregó el legislador santafesino.

En tanto, la legisladora oficialista Vanesa Siley destacó la participación ciudadana en este proceso y consideró: “Hemos escuchado a doce de los catorce denunciantes. La Coalición Cívica también ha ratificado su denuncia. Muchos de los cargos atribuidos en la denuncia que originalmente hizo (Elisa) Carrió y luego tomaron (Paula) Oliveto y el diputado (Juan Manuel) López, coinciden con otros cargos que formularon otros diputados. Esto debe ser analizado y debemos proceder a la admisibilidad, que es un requisito que nos da el reglamento necesario para empezar a producir la prueba, llamar a testigos y realizar informes periciales y documentales. Creo que están dadas las condiciones para la admisibilidad, pero hay que hacer un informe sustancioso, serio y bien fundado”.

La oposición asegura que hay un “plan de hostigamiento” hacia la Corte

El diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, Rodrigo de Loredo, habló con Conclusión e insistió: “Descalifico todo este procedimiento, me parece un circo. Desde Juntos por el Cambio resolvimos asistir, pero yo era de la partida de ser indiferente, porque es inconducente, antidemocrático y quienes lo impulsan saben que no va a prosperar parlamentariamente”.

“Nos parece grave el ataque directo y frontal al Poder Judicial, a su autonomía, y entendemos que todo esto tiene que ver con una narrativa para justificar el avance de las causas de corrupciones en el gobierno nacional. Ellos van a tratar de estirarlo lo máximo posible para que esto tenga un transitar paralelo a los juicios por corrupción en los que son investigados los funcionarios del gobierno. Vamos a tratar de que esto corte cuanto antes”, agregó el diputado del bloque Evolución Radical.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de San Luis, Alejandro Cacace, dijo ante Conclusión: “Hemos arrancado temprano en el Congreso. El 23 de enero se abrió el período de sesiones extraordinarias, pero lamentamos que lo que se está tratando no es una agenda económica, que es la que preocupa a la ciudadanía, con una inflación de casi 100 puntos anuales y alquileres que suben por encima de la inflación, sino que, por el contrario, el oficialismo se está concentrando en los juicios políticos a los miembros de la Corte y a la reforma del Consejo de la Magistratura, temas que tienen que ver con la impunidad judicial para la causa de Cristina, pero no con las preocupaciones de la ciudadanía”.

Tras asegurar que el pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema es una “farsa que no va a tener ningún éxito” ya que el oficialismo “no tiene los votos para acusar”, el legislador consideró: “Establecieron un procedimiento de cuatro meses en donde todas las semanas traen a la comisión cuestiones para desacreditar a los jueces, hostigarlos, amenazarlos y que se sientan presionados en los fallos que dictan. Hicieron saber que el desacuerdo que tienen no es porque la Corte haya cometido un delito o tenga crímenes comunes o mal desempeño, que son las causales del juicio político según la Constitución, sino que los han denunciado porque están en desacuerdo con las sentencias que votaron sobre el Consejo de la Magistratura y sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires”.

En tal sentido, Cacace ejemplificó: “A días de asumir el presidente Macri al gobierno en 2015, hubo un fallo de la Corte que dispuso que había que devolverle a tres provincias el 15% de la detracción que se hacía para ANSES. Eso tuvo un impacto enorme en términos fiscales, pero el gobierno en ese momento tomó la sentencia, aún en desacuerdo, y la cumplió. Parte de la división de poderes es esa”.

“Iniciarle un juicio político a la corte es un hostigamiento para condicionar cómo puede tomar futuras consideraciones. Está destinado a amedrentar y no respetar la voluntad de la Corte. No va a tener ningún éxito, no vamos a dar los votos para acusar, se necesitan dos tercios de los votos para acceder a eso. Intentan un plan sistemático de desgaste a la Corte, espero que la ciudadanía lo tome por lo que es, un intento de hostigamiento y nada más”, concluyó el diputado puntano.