Más recortes en el Inti: el Gobierno suspendió 900 ofertas tecnológicas
El organismo avanzó con la eliminación de áreas técnicas que ofrecían servicios de ensayos, mediciones y controles de calidad para la industria.
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo recorte en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), disponiendo la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas y servicios técnicos que el organismo prestaba a pymes y a industrias.
Esta decisión forma parte de un proceso de desmantelamiento de áreas técnicas y científicas del Estado, que incluye la suspensión de ensayos, mediciones y controles de calidad. La medida elimina servicios sistematizados, incluyendo la Dirección de Metrología Legal (DML) y el Servicio Argentino de Calibración (SAC).
Los recortes implican la eliminación de certificaciones de calidad y el cierre de sedes en distintos puntos del país, lo que afecta la capacidad de control técnico, según trabajadores y sectores industriales.
La decisión se fundamenta en la búsqueda de «eficiencia», «desburocratización» y una menor intervención estatal, argumentando que dichos servicios deben ser cubiertos por el sector privado.
En tanto, trabajadores del Inti denunciaron que la medida desprotege a las empresas locales al facilitar el ingreso de importaciones de menor calidad que no cumplen con los estándares previamente exigidos.
La diputada nacional por Unión por la Patria Julia Strada enfatizó que “desde junio de 2024 se recortan o modifican líneas de trabajo a razón de una o dos por mes. En octubre de 2025 se cesaron las competencias del Servicio Argentino de Calibración. En diciembre, mediante la Resolución 213/25, el organismo dejó de cumplir funciones en metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición”.
Por su parte, el ex ministro de Ciencia en el gobierno de Néstor Kirchner, Daniel Filmus reclamó: “Basta de cientificidio y destrucción de la capacidad industrial nacional”.
Consecuencias para la población
El Inti es el organismo responsable de custodiar los patrones nacionales de medida, garantizando la fiabilidad de cada metro, kilo o litro de un producto. El Instituto actúa como tercero imparcial en las transacciones comerciales, protegiendo tanto a comerciantes como a consumidores y usuarios.
Sin embargo, en 2025 el Gobierno puso fin a esta función histórica y transfirió de manera total el control de los instrumentos de medición a laboratorios y organismos de certificación privados acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).
Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el impacto económico del traspaso al sector privado. Antes de estas medidas, verificar un alcoholímetro en el INTI tenía un costo aproximado de 140 mil pesos para un municipio. Con el nuevo esquema, el mismo control en un laboratorio privado rondaría los 1,2 millones de pesos por instrumento.