Conclusión Buenos Aires
La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna (Frente de Todos), señaló hoy que «una nueva ley de Financiamiento consolida una política de Estado sobre el derecho educativo», al abrir la reunión en la que se comenzó a analizar esa iniciativa, durante una jornada en la que expuso el ministro del área, Jaime Perczyk.
“En reunión informativa, tratamos un tema central para nuestro país, que refiere a un derecho humano fundamental, de carácter personal y social, y a la responsabilidad indelegable del Estado en la provisión de los medios necesarios para una educación plena y de calidad, que incide como igualador social y como nivelador de las asimetrías”, explicó la entrerriana.
En ese sentido, detalló que «entre 1983 y 2023 creció un 94,7% la tasa de escolarización y se quintuplicó la matrícula universitaria, con un sistema educativo que se ha expandido de manera permanente, con la ampliación de los niveles de escolaridad obligatoria, de universalización de la educación inicial y secundaria, y de creación de universidades de cercanía”.
“La Ley Nº 26.075, que impulsamos y aprobamos en la Cámara de Diputados, marcó un piso indispensable de la inversión, que se cumplió hasta 2015. Esta iniciativa, que tiene distintos antecedentes de proyectos desde 2014, plantea su evolución al 8% del PBI hacia 2030, donde un 6,5% se destinará para la educación de 45 días a tres años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y un 1,5% a la educación universitaria”, profundizó.
Precisó también que «esta propuesta invierte los porcentajes actuales de la proporción del esfuerzo entre el Estado nacional y las provincias, fijando un 60% de la administración central y un 40% de las 24 jurisdicciones».
«También establece objetivos sobre la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, la ampliación de conectividad de las escuelas, la distribución de dispositivos informáticos y de libros, la integración plena de estudiantes con discapacidades, la mejora de las condiciones laborales y salariales de docentes, y la infraestructura escolar”, añadió.
“Además, crea una Comisión de Seguimiento de la Inversión, con representación del Congreso, de las universidades, del Consejo Federal de Educación y de los gremios docentes, y genera un Sistema Nacional de Evaluación”, abundó.
Por último, destacó: “Junto a la media sanción de la creación de universidades y de la Ley que amplía e institucionaliza el Progresar, estamos legislando por una Argentina que es referencia en la región y en el mundo por sus conquistas educativas y sociales. Queremos más escuelas, más científicas/os, más universidades, más investigación, más extensión, más inversión del Estado, y más pibes y pibas que son primeras generaciones de sus familias en la educación superior”.
