Luego de que las ciudades de Rosario, Santa Fe y Córdoba pidieran la implementación de un boleto federal, que tenga el mismo valor en todo el país, varios gobernadores -entre ellos representantes del espacio opositor Juntos por el Cambio (JxC)- pidieron que los subsidios al transporte que entrega el Gobierno Nacional sea equitativo para todas las jurisdicciones y expresaron que no acompañarán el reclamo que encabeza el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El descontento de Larreta empezó días atrás cuando el Gobierno Nacional anunció que traspasaría a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires unas 32 líneas que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño.

El problema para el Jefe de Gobierno porteño es que este traspaso no incluirá los subsidios por unos 14.600 millones de pesos que la Nación destina a los pasajes de esos ramales de colectivos, algo que la Ciudad rechaza y advierte que implicará la suba del valor del pasaje, incluso, a más de doble.

En medio de esa disputa, que el Gobierno de la Ciudad considera que es política, aparece el precio de los pasajes en el interior, que es ampliamente superior a lo que se paga en Capital: mientras que en este lugar el pasaje cuesta entre $18 y $23, en Rosario, Córdoba y Santa Fe, el colectivo cuesta en promedio unos $60, mientras que ciudades como Bariloche o Mar del Plata superan esta cifra.

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En tanto, en las provincias gobernadas por radicales, como Jujuy, Corrientes y Mendoza, el valor de un pasaje es de $45, $60 y $35, respectivamente, superiores a los $18 que cuesta el pasaje mínimo en la Ciudad de Buenos Aires.

Ese detalle abrió una grieta dentro de Juntos por el Cambio, ya que las provincias no están dispuestas a acompañar a Rodríguez Larreta con su reclamo contra la Nación, ya que consideran que ha sido beneficiada durante años por subsidios mayores a los que recibieron los otros distritos.

El tema del traspaso surgió en el encuentro del jueves último en la localidad bonaerense de Olivos, y allí los gobernadores radiales no le dieron su respaldo al mandatario porteño.

Representantes de JxC después de la reunión.

En 2020, cuando la Nación recortó fondos de la coparticipación de la Ciudad, Juntos por el Cambio a nivel institucional acompañó a la administración de Rodríguez Larreta, quien pretendía obtener ese respaldo en esta ocasión.

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Sin embargo, los referentes de las provincias no están dispuestos a dar la pelea junto al porteño en esta oportunidad.

El pasado sábado, el gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, lo dijo públicamente en declaraciones a radio Mitre: “Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio. Les pedí que no metan ese tema porque tenemos diferencias. Formamos parte del Norte Grande. En el AMBA reciben los subsidios que no recibimos en el interior. Es muy injusto”.

Acuerdo con el FMI: otro punto de desacuerdo

Los subsidios al transporte no son el único aspecto que encontró diferentes posturas en JxC. En la reunión del pasado jueves, la oposición discutió qué postura tomará en el Congreso a la hora de votar el acuerdo que el Gobierno Nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda tomada en 2018 por el ex presidente Mauricio Macri.

Mientras que el PRO sigue poniendo condicionamientos para votar, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) insisten en dar quórum para que se vote el acuerdo.

Pese a las diferencias internas y tras finalizar la reunión del pasado jueves, JxC dejó ver que no pondrá piedras en el camino, aunque insiste en ver la letra fina del acuerdo antes de votar. Sin embargo, anunció que cuestionará cualquier propuesta que implique un eventual aumento de impuestos.

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Entre los reparos del PRO para votar el acuerdo con el Fondo, se encuentra el hecho de que, siempre según esta fuerza política, no se conoce en detalle el acuerdo, por lo que piden “leer la letra chica” de la norma.

Las divergencias internas ya habían quedado expresadas cuando el gobernador Morales pidió no olvidar que fue la administración de Mauricio Macri el que tomó el endeudamiento extraordinario de 44 mil millones de dólares con el FMI, cuya devolución ahora trata de renegociar la gestión de Alberto Fernández.