Paulón amplía denuncia por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
El legislador remarcó que la universidad pública necesita respuestas inmediatas: el cumplimiento efectivo de la ley sancionada por el Congreso y la garantía de los fondos asignados.
Llegó agosto y el Gobierno nacional continúa sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Pese al intento de desligar responsabilidades, el incumplimiento se sostiene pese a los reclamos que se formularon desde el parlamento y así, vuelve a quedar postergado el envío de recursos que fueron votados en el Congreso, insistidos ante la posibilidad de veto presidencial y ratificados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El diputado nacional Esteban Paulón anunció que presentará una ampliación de la denuncia por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», a radicarla en el juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello. La iniciativa apunta a dar cuenta de la «persistencia del desacatamiento de la ley por parte del Poder Ejecutivo» y de la falta de «ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes».
El legislador sostuvo que, aunque existieron compromisos asumidos en comisión por el legislador Alejandro Finocchiaro y por funcionarios del Ejecutivo, «el Gobierno no ejecutó los fondos previstos».
Ademas, afirmó que esta conducta «vulnera la normativa vigente y el carácter firme del fallo de la Corte», y que deja a docentes, personal no docente y autoridades universitarias «sin los recursos mínimos indispensables para sostener el funcionamiento de las instituciones».
El congresista remarcó que la universidad pública necesita respuestas inmediatas: el cumplimiento efectivo de la ley sancionada por el Congreso y la garantía de los fondos asignados. “No vamos a permitir que el vaciamiento de la educación avance”, advirtió, y vinculó la falta de desembolsos con un impacto directo en la continuidad académica y administrativa de las universidades.
Con agosto en marcha y sin percepción del acuerdo por parte de las casas de estudio, «el conflicto se concentra ahora en el camino judicial y en el análisis de eventuales causales para promover instancias políticas contra los funcionarios involucrados», en el marco del incumplimiento señalado por el bloque opositor.