El Senado de la provincia de Santa Fe dio media sanción este jueves a un proyecto que declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación” a la planta de San Lorenzo de la petroquímica Dow Argentina (titularidad de PBB Polisur S.R.L).

El tratamiento llega en el marco del conflicto desatado por la decisión de la firma multinacional de levantar el predio de Puerto General San Martín, eslabón clave en la industria regional por la cualidad de algunos de los insumos que fabrica allí esa firma.

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A raíz de esta notificación, acaecida unos meses atrás, se desató primero una negociación y luego directamente un conflicto que ha ido escalando, que involucra tanto al Sindicato Obreros Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) como a los gobiernos provincial y nacional, que buscan una salida que no obliga a importar esos productos fundamentales para la cadena productiva (además de los puestos de trabajo, que según el plan de la compañía serían reabsorbido por terminales ubicadas en otros lugares del país o indemnizados.

Ante ese escenario, la Cámara alta se hizo eco de la situación y votó un proyecto que lleva la firma del senador sanlorencino Armando Traferri, para facilitar una posible expropiación de la planta.

En el texto aprobado se aclara que se consideran incluidos dentro de esa calificación “todos los activos productivos, los bienes inmuebles, muebles (registrables y no registrables), instalaciones y maquinarias necesarias para el desarrollo de actividades normales y habituales del establecimiento y la producción de ‘polioxi propilenglicol y éteres glicólicos’”.

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Además, el proyecto, que fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento, insta al Ejecutivo provincial a la conformación de un “registro” con las propuestas recibidas y “a fin de declarar posteriormente la atribución de la operatoria industrial sujeta a expropiación a favor de un beneficiario privado, cuya propuesta y plan de inversión y explotación permitan la preservación de los puestos de trabajo y del proceso productivo”.

En ese sentido, de ser sancionada tal cual por Diputados autoriza a la Casa Gris a modificar el Presupuesto para cumplir con la ley.