La reforma laboral ha sido uno de los temas «tabú» en los últimos cuatro años de mandato de Mauricio Macri. El gobierno ha manifestado en más de una oportunidad su intención de avanzar en ese sentido, aduciendo la «inviabilidad» del costo laboral argentino y la (hipotética) necesidad imperiosa de la reforma para «generar empleo de calidad».
Esa intención no quedó sólo en eso y desde el oficialismo han incluso enviado proyectos al Congreso de la Nación, que no tuvieron siquiera tratamiento ante lo conflictivo de la iniciativa, que encontró resistencia en todo el polo sindical, así como en distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.
En plena campaña electoral, si bien es clara la regla de no intentar hablar de temas controvertidos que puedan «asustar» al electorado, la reforma laboral se cuela de manera indefectible en la campaña, tanto por el pedido de empresarios o representantes patronales como Daniel Funes de Rioja, que pide arrasar con «convenios decimonónicos» de trabajo, como de funcionarios oficiales que, en ámbitos institucionales o en la intimidad, reconocen que sería uno de los objetivos primordiales de un futuro gobierno de Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio).
Es el caso del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, quien semanas atrás, mientras participaba en la 54º Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, si bien evitó referirse a la «reforma laboral» en esos términos, dijo a Conclusión que uno de los «desafíos» de la próxima gestión será «modernizar la legislación laboral» para «crear empleo».
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«Nuestra visión es que el año que viene tenemos que seguir con nuestro proceso de consolidación fiscal, es un desafío muy importante: pasar de equilibrio primario a un superávit de 1 punto del producto el año que viene. Junto con la reforma tributaria de 2017 intentamos modernizar la legilsación laboral, y vamos a insistir con ello, pero nuestra prioridad es consolidar la posición fiscal», expresó el titular de Hacienda.
Para conocer en detalle la legislación vigente, en especial los vilipendiados (por empresarios encumbrados y funcionarios del gabinete nacional) convenios colectivos de trabajo, así como la verdadera intención que puede esconderse tras el latiguillo de «crear empleo», Conclusión consultó al especialista en legislación laboral Jorge Elizondo, quien sostuvo que lo que se busca «es lo de siempre, lo hicieron en el 95′, lo volvieron a hacer en el 2000/01, es la misma historia».
«Nuestro país se ha caracterizado, a diferencia de la mayoría en América Latina, por el concepto de que los convenios son de actividad, fundamentalemnte, y no sectoriales. Eso garantiza al menos un mínimo de salario para los trabajadores, trabajen donde trabajen, y no impide que a nivel sectorial se pueda mejorar, no excluye a los convenios sectoriales. Tienen alcance nacional cuando son de actividad, es decir, la mayor parte de los convenios en Argentina son así», detalló el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.
El verdadero debate
«Hay otra cuestión a la cual apuntan, que es la utlractivdad. Cuando un convenio vence (todos tienen un vencimiento, puede ser dos años, uno, tres o cinco), y no se reúnen nuevamente las partes, sindicato y asociaciones empresariales, las cláusulas normativas siguen en vigencia, es decir los trabajadores no se quedan sin convenio. Pretenden que esa ultractividad desaparezca, que no exista más. Lo trataron de hacer con la famosa ley Banelco. Estamos hablando del 2000/01, ahí había todo un plazo para que venciera esa ultractividad, para que los convenios vencieran y los trabajadores se quedaran sin convenio. Y en una situación como la que vivimos hoy, similar o en algunos casos peor a 2001, con mayor nivel de desocupación, el poder de negociación que tienen los sindicatos es muy inferior. Entonces, eso forzaría la celebración de nuevos convenios, muy inferiores en cuanto a alcances y pérdida de derechos conquistados», abundó Elizondo.
Según esa visión, «lo que pretenden los voceros de las patronales es lograr convenios nuevos en los cuales no existan los adicionales, las licencias, sobre todo las especiales, la posibilidad de alargamiento de licencias por enfermedad. En condiciones de debilidad como la que tienen hoy los sindicatos, por más combativos que sean (en ese sentido el aumento de la legión de desocupados es el mejor elemento que tienen a su favor las patronales), es más posible que se concreten convenios donde se pierdan esos derechos. Y además que desaparezcan los convenios por actividad».
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En ese sentido, Elizondo consideró que la intención sería, entonces, avanzar en «convenios por empresas y sectoriales». Así, «todo va a depender de la relación de fuerza que tenga un sindicato en cada empresa o sector para sostener o no ese tipo de conquistas, que han tenido a lo largo de muchos años. De lo que se trata es de rebajar el costo laboral, que por otra parte ya lo rebajaron bastante: desde fines de 2015, está más o menos a la mitad. Como el salario mínimo vital, que tampoco quieren que exista, o que no sea vital sino sólo mínimo. Equivalente a 280 dólares hoy, cuando era el más alto de América Latina, (580 dólares en 2015)», agregó.
«Hay que recordar lo que dicen los proyectos de reforma laboral que presentaron y no tuvieron éxito. Quieren que desaparezca la indemnización o se reduzca al mínimo. Que haya un fondo de cese, similar al de los trabajadores de la construcción (desde el año 1967). Cualquiera sea la causa de la extinción del vínculo laboral, cobran exactamente lo mismo, lo que tienen depositado en el banco. Eso implica que no haya protección para el despido arbitrario, y una violación al artículo 14 bis. Si se quiere facilitar el despido, evidentemente nos estamos olvidando de ese artículo, porque sino tenemos estabilidad propia, que es la que deberíamos tener, que nadie pueda ser despedido sino es con causa, y bueno por lo menos que dejen una indemnización, es una estabilidad impropia no verdadera, pero quieren sacar hasta eso», amplió el letrado especialista en legislación laboral.
Por último, Elizondo se refirió a uno de los eufemismos que se utilizan para dirigirse a la reforma, el de la «modernización» que alude a los cambios tecnológicos que obligarían a una reducción de derechos para adaptarse «al mundo laboral de hoy».
«Cuando existe un instrumento legal que permite y facilita el despido, no se crea más trabajo, al contrario. Está demostrado, en España, en los últimos años y en otros países de Europa, ya venimos con esa experiencia, esto no es nuevo. Si queremos más trabajo tiene que ser a través de políticas de estado, no quitando derechos. Acá el problema de la falta de trabajo no tiene nada que ver con la incorporación de tecnología, quiero que me demuestren cuánta han incorporado. El argumento de que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, estamos de acuerdo, pero de ninguna manera se tienen que traducir en menos derechos, sino todo lo contrario, más derechos y en todo caso también que se reduzca la jornada laboral sino se requiere tanto, como en Francia. Esos son los temas que hay que discutir, crear nuevos turnos en empresas, eso supone la incorporación de tecnología, eso es lo que hacen los países adelantados, de los que tanto nos hablan», cerró.
