El Gobierno dio lugar a los reclamos de la oposición “dialoguista” y este lunes envió al Congreso un nuevo proyecto de la “Ley Ómnibus” que incluye las modificaciones acordadas durante la noche del pasado jueves, cuando el oficialismo negoció con otros bloques algunos cambios en la iniciativa para ganar apoyos y poder aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados.
Si bien se trata de un borrador redactado de forma coloquial que se presentó a los jefes de bloques, el Gobierno apuesta a conquistar el respaldo del sector de la oposición dialoguista, quienes por estas horas analizan en detalle los cambios. Desde La Libertad Avanza esperan que la iniciativa se trata el próximo jueves en el recinto.
Según el documento que comenzó a circular entre los diputados en las últimas horas, entre las principales variaciones el Poder Ejecutivo aceptó eliminar a YPF del listado de empresas a privatizar y para las firmas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Por otra parte, el oficialismo accedió al reclamo de los gobernadores y las economías regionales no tendrán retenciones. “A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlos”, reza el nuevo artículo.
Además, se comprometió mantener la fórmula previsional –que influye sobre las jubilaciones– hasta abril y luego comenzará una actualización automática mensual en base al último dato de inflación disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En cuanto a los plazos de emergencia, el borrador reduce a un año las delegaciones legislativas, con opción de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.
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Con respecto al blanqueo de capitales, el proyecto estableció que los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos “no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros”, e incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos cinco años. “Se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme y se define que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina”, indicó el borrador.
“Bienvenido este debate. Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado. También es sano escuchar, corregir, aprender. Todo esto y mucho más ocurrió durante este debate”, se indica en la letra del documento que contempla las correcciones y que pasó de 664 artículos a 523.
Asimismo, el presidente Javier Milei dio el visto bueno para posponer una serie de temas contemplados en el texto original, los cuales serán tratados a partir de marzo, cuando inicie el período de sesiones ordinarias. Entre ellos se destacan los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, los temas de salud mental y de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos).
Jubilaciones: una modificación aclamada por la oposición
Del borrador se desprende que el Gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual, pero a partir de abril comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato disponible del INDEC.
El índice de movilidad se obtendrá mensualmente conforme al último dato de inflación mensual disponible al momento de comenzar el ciclo de pago de cada mes. La inflación se definirá como la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en ningún caso podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria.
La primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024. Por otra parte, se eliminan las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente.
“A partir de la sanción de esta ley, al presidente y vicepresidente de la Nación que culmine su mandato, le resultan aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, de acuerdo con uno de los artículos de la iniciativa.
También se modifica el artículo 1° de la ley 24.018, que quedará redactado de la siguiente manera: “Los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”.
Asimismo se modifica el artículo 3° de esa ley 24.018, que quedará redactado así: “A partir de la promulgación de esta Ley, los ciudadanos encuadrados en el artículo segundo, al cumplir 65 años de edad, o acreditar 30 años de antigüedad de servicio o 20 años de aportes en regímenes de reciprocidad, comenzarán a percibir una asignación mensual, móvil, vitalicia e inembargable conforme con el derecho adquirido a las fecha en que se reunieron dichos requisitos, cuyo monto será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de dichos cargos”.
El gobierno descarta una negociación
En la conferencia que dio este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que el Gobierno “entendió” con cada sector que “algunas de las propuestas” para la ley ‘Bases’ constituían “mejoras”.
El funcionario explicó que lo que hizo el Gobierno fue “escuchar sugerencias” y refirió que “se están haciendo algunas modificaciones, siempre en el marco del diálogo”, para tener “un mejor destino para todos”.
“No negociamos, no lo hicimos ahora y no lo haremos jamás, con lo que representa la vieja política”, advirtió Adorni, y apuntó: “La ley en su versión original era lo que necesitaba la Argentina, con muchos artículos con cambios muy profundos. Con las mejoras, la iniciativa es superadora”.
