Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires

La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley de reforma tributaria, que contempla un nuevo sistema de distribución del impuesto a las Ganancias entre Nación y provincias, grava la renta financiera y aumenta determinados impuestos internos como la cerveza y el cigarrillo. Se incluyó una deducción especial para las mutuales de un millón de pesos por los gastos efectuados en servicios sociales para que no sea alcanzado por el impuesto a las Ganancias.

En el marco de las reformas propuestas por el ejecutivo, la tributaria repercutía directamente sobre un sector muy dinámico de la economía social, como es el mutualismo y el cooperativismo. La luz de alarma se encendió cuando se supo que el borrador de reforma del Impuesto a las Ganancias, alcanza a éstas entidades ya que prevé la eliminación de la exención por actividades tales como las de crédito. Financiera de seguros y reaseguros. Que ya quedó sin efecto.

Las demandas previas a la aprobación de la reforma

Las confederaciones del sector ratificaron el viernes pasado su rechazo a los artículos 23 y 24 de la reforma tributaria y adelantaron que opondrán planteos de inconstitucionalidad, y solicitaran apoyo internacional. La advertencia fue expuesta en una conferencia de prensa conjunta de los presidentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto; de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Alejandro Russo; y de la Confederación de Trabajadores Cooperativos (Conarcoop), Cristian Horton.

«Las 14 millones de personas que elegimos esta manera de organizarnos queremos expresar todo nuestro potencial de la mano de un Estado que comprenda que representamos una forma jurídica diferente, que merece un tratamiento fiscal diferente», manifestaron los referentes de la economía social», dijo el presidente de la Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Ariel Guarco.

A partir de la sanción de la ley 20321, de 1973, tanto mutuales como cooperativas gozan de la exención del pago de impuesto nacionales, provinciales, renta de bienes, como también de los derechos aduaneros por la importación de instrumental, medicamentos si son demandados por las asociaciones mutualistas que sean destinados a cubrir prestaciones de sus afiliados.

Russo había manifestado la semana pasada que la reforma tributaria tendría «un impacto al corazón de la economía solidaria», ya que «estas entidades se tornan inviables» si deben empezar a tributar ganancias que en realidad no tienen.

El proyecto del oficialismo buscó regular que el interés o costo financiero no pueda superar en más de un punto la tasa de interés del Banco Nación. El antecedente inmediato sobre esta operatoria se dictó en 2014, que tuvo por objeto recabar información para precisar qué tipo de operaciones llevaban adelante estas organizaciones

Para Russo hay 5 millones de personas mutualizadas a través de 4920 entidades en todo el país. «La ley establece que son entidades sin fines de lucro. Estamos convencidos de que no hay hecho imponible», explicó.

Desde Afip se sospechaba que estas entidades sirvieron para encubrir operaciones especulativas, negociando valores de operaciones del mercado negro y que no fueron incorporadas en las declaraciones juradas.

Carlos Iannizzotto de Coninagro, manifestó que estos artículos de la reforma tributaria «pegan de lleno en la esencia del cooperativismo».

«Con este impuesto se desnaturaliza el vínculo solidario que lleva a unirse a los pequeños y medianos productores para lograr un mejor producto y brindar alimentos más baratos a la comunidad. No formamos cooperativas para tener ganancias», recordó el titular

La idea que subyace desde Balcarce 50, es que los gravámenes se deben distribuir equitativamente y responder el principio de igualdad que prescribe la Constitución Nacional, y consideran que si las personas de existencia visible deberán tributar por la renta financiera también lo tendrán que hacer las entidades mutualistas.

Entre los puntos de la reforma tributaria, uno de los principales puntos de proyecto es la derogación del Fondo del Conurbano -que se solventaba con el 10 por ciento de Ganancias- y la distribución del 20 por ciento de Ganancias que se derivaba al Anses entre las provincias y Nación por el sistema de Coparticipación federal, en tanto que el sistema previsional se financiará con la totalidad de la recaudación del impuesto al cheque.