El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sostuvo este viernes que la jueza federal María Eugenia Capuchetti «se la pasaba entrando en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)» del Gobierno de Mauricio Macri y recordó que oportunamente denunció que la magistrada «tiene serios vínculos» con los exfuncionarios de ese organismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
«La jueza Capuchetti se la pasaba entrando a la AFI, tiene serios vínculos con (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani y otros dirigentes del PRO», dijo Soria en mañana de este viernes durante una entrevista con la radio online FM Futurock, en la que consideró «inaceptable el encubrimiento de Comodoro PRO al atentado a Cristina Kirchner».
«En una presentación ante el Consejo de la Magistratura, realizada en agosto del 2020, junto a varios legisladores, expusimos los vínculos de la jueza con Arribas y Majdalani, que se la pasaba entrando a la sede de la AFI. Eso quedó registrado y lo denunciamos», recordó.
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En esa línea, insistió en que «es evidente que hay vinculación entre esta jueza y los dirigentes del PRO que intenta encubrir el atentado a la Vicepresidenta» al referirse a la «inacción inaceptable» de la magistrada en la causa.
Este jueves, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que recusará a la jueza que instruye en la investigación que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, en tanto que la querella de la exmandataria le reclamó a la Cámara Federal porteña que ordene el secuestro de los teléfonos celulares de dos asistentes del diputado nacional del PRO Gerardo Milman.
Además, los representantes legales de la Vicepresidenta insistieron en su planteo de investigar «con contundencia» la pista que surgió a raíz de sus supuestos dichos de Milman sobre el atentado pronunciados en la confitería Casablanca.
En sus declaraciones de este viernes, Soria añadió que pese a que «los abogados pidieron 43 medidas de prueba, la jueza Capuchetti negó 35 y sólo cedió ocho de esas medidas de pruebas; y mientras las niega, no propone ninguna línea de investigación solo abona las editoriales de Clarín y la Nación de que se trataría de lobos solitarios».
Soria afirmó que, por otra parte, «es una garantía que tiene cualquier víctima, la de tener un juez que instruya su causa y que investigue respecto del delito que sufrió»; y argumentó que «el Código Penal tipifica un delito que pena y sanciona a un juez que retrase maliciosamente la administración de justicia».
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En ese marco, el funcionario también apuntó que cuando declararon, «las asesoras de (el diputado nacional del PRO, Gerardo) Milman le mintieron a la jueza en la cara, a la jueza y al fiscal, por lo que es evidente que están tratando de encubrir el atentado contra la Vicepresidenta».
«La selectividad, la partidización de sectores del Poder Judicial como la Corte y algunos jueces de Comodoro Pro tienen que ver con que tienen la camiseta puesta hace tiempo», afirmó el ministro.
Por su lado, el senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, también cuestionó el curso de la investigación del atentado contra Cristina y afirmó que «pareciera que existe la decisión de que solo se investigue a los autores materiales y participantes del hecho y que se evite toda investigación acerca de quiénes fueron los autores intelectuales; si hubo conexiones políticas; y quiénes solventaron económicamente esta maniobra”.
Al referirse a la recusación que presentó Fernández de Kirchner hacia la jueza federal María Eugenia Capuchetti, indicó que la magistrada “paró todo cuando los elementos comenzaban a ir contra (el diputado del PRO Gerardo ) Milman y la familia Caputo”.
El legislador explicó que “cuando los elementos que tenía la jueza comenzaban a ir en dirección al diputado Milman y la familia Caputo, se paró todo y se tomó la decisión de no investigar, aislar esta investigación y terminar la causa solo en el hecho”.
En ese marco, indicó que los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens “prácticamente le dieron la orden a Capuchetti de que esto no se investigue y que no se sepa qué hay detrás de este atentado”. Por lo tanto, resaltó: “Me parece muy criterioso la recusación planteada porque esto demuestra que la quieren muerta o presa”.
También, Parrilli denunció que Bruglia y Bertuzzi, a los que calificó como “usurpadores de un cargo en el Poder Judicial”, tienen tres objetivos: “Garantizar la persecución política y judicial a Cristina Fernández; encubrir todos los procesos que tiene Macri y sus funcionarios; y evitar que se investiguen las responsabilidades políticas y económicas del grupo que llevó adelante el atentado” contra la ex mandataria.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Por otra parte, Soria se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia conocido esta semana que revocó el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista para la designación de un representante ante el Consejo de la Magistratura.
«Constituye un avasallamiento al funcionamiento de roles dentro de la democracia y es inaplicable», sostuvo el ministro y agregó: «Solo los legisladores pueden decidir sus reglamentos y a los bloques que pertenecen».
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En tanto, consideró que el pronunciamiento del máximo tribunal constituye un «avance sobre el Congreso metiéndose en el recinto del senado para decidir la conformación de cada bloque legislativo».
«Por eso yo dije y reitero que la Corte funciona como garante de la impunidad del macrismo y como punta de lanza de la persecución del peronismo», dijo el ministro, para quien «hoy en la Argentina tenemos un bloqueo político institucional» del mismo modo que «en España, donde hace tres años que tienen bloqueado el Consejo de la Magistratura también».
Por otra parte, consultado sobre la figura de la Vicepresidenta respecto de las elecciones del año próximo, Soria analizó que «cuando persiguen y hostigan» a la funcionaria «se equivocan porque la siguen levantando como lo que es, una figura política fundamental para el PJ y para la Argentina».
