La oleada de denuncias, declaraciones, conferencias de prensas e indignaciones varias por las escuchas al Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe no para de crecer.
Según lo anunciado por Maximiliamo Pullaro, ya están en marcha una denuncia penal y una investigación administrativa, ya que, desde el Gobierno Provincial y el Ministerio Público de la Acusación sostienen que no había razones para intervenir el teléfono del ministro y que la fiscal habría ocultado intencionalmente al juez que dicho pedido, por lo cual, sería una «escucha ilegal».
Palabra del juez
En su momento, el juez de primera instancia, Nicolás Falkenberg, quien firmó la orden para la cuestionada intervención telefónica, señaló que» en ningún momento se informó que los números a intervenir pertenecían al señor ministro de Seguridad».
«Habitualmente hay numerosas intervenciones que se van suscitando con motivo de menciones de ciertas personas que son trasladadas por parte del director de la investigación que es el fiscal», explicó el magistrado. Y agregó: «Hay una resolución mía en la que se intervienen 5 líneas. En un primer momento se solicitaron mayores detalles. Después se insistió en dos oportunidades mencionando la importancia porque se estaba constatando la comisión de ilícitos en curso de ejecución». Luego enfatizó: «El dato que yo quería contar es que en ningún momento se informó que los números a intervenir pertenecían al señor ministro de Seguridad».
Falkenberg explicó que cuando se trata de delitos en curso de ejecución, es una práctica común que el fiscal, en este caso María Laura Martí, solicite una intervención telefónica. Y señaló que «se insistió en la necesidad de que la intervención se realice de forma inmediata por la «fluidez de las conversaciones y a la gestación de futuros delitos y se manifestó el desconocimiento de la titularidad (de las líneas)».
Apunten contra las fiscales
Poco después de la detención de jefe de la Unidad Regional V de Rafaela, comisario Adrián Rodríguez, y su pronta liberación, el fiscal regional Carlos Arietti apartó a los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán. Y les ordenó entregar los expedientes de las causas que investigaba las maniobras con horas Ospe, la defraudación en la Municipalidad de Santa Fe y la que implicaba a Adrián Rodríguez en un presunto cohecho pasivo junto al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
Esto último lo dedujo Apullán de una escucha en la que detectaron que ambos hablaban sobre un concurso de ascenso a director general de la fuerza. En esa conversación Pullaro le dice: «Te vamos a tener que dar las preguntas, viste… como en la escuela…». Y bajo la sospecha de comisión de un supuesto ilícito, imputó a Pullaro por cohecho pasivo.
Sin embargo Arietti entendió que no se podía inferir la existencia de delito por lo cual apartó a ambos fiscales y designó a Ezequiel Hernández para que continúen con las causas.
Ahora, a partir de la denuncia realizada por el titular de la cartera de Seguridad contra Martí y Apullán, que sostiene que los fiscales actuaron ilegalmente, se les abrirá un legajo penal.
Por otra parte, según informó María Cecilia Vranicich, auditora del MPA, ya hay tres acciones administrativas contra ellos por lo cual serán auditados todos los procedimientos. Una de ellas fue iniciada por José Corral, que pide que se indique si el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe era necesario, la segunda es porque Apullán siguió impulsando una causa luego de que fuera apartado por Arietti y demoró la entrega de los archivos correspondientes durante dos semanas, y la tercera de ellas apunta directamente contra la fiscal María Laura Martí. Martí aparece como la más complicada en estos momentos porque fue ella quien pidió la autorización a Falkenberg para las escuchas a varios teléfonos, entre los cuales figura el de Pullaro.
Bendita ignorancia
Según los dichos del juez Falkenberg, en ningún momento se le informó que entre las escuchas pedidas estaba el teléfono del ministro Pullaro y, por su parte, el funcionario acusó a los fiscales de haber cometido una «estafa procesal» al afirmar que omitieron intencionalmente informar al magistrado a quien pertenecía la línea.
Si bien la fiscal Martí afirmó no conocer la identidad de los titulares cuando realizó el pedido de intervención, desde el Ministerio Público de la Acusación afirman que sí lo sabía. Según lo publicado por Hernán Lascano en el diario La Capital de Rosario, el registro de ese conocimiento está dado por tres elementos: el primero es que un policía de Asuntos Internos que efectuaba las transcripciones de las escuchas les comunicó que quien aparecía en el diálogo con el comisario Rodríguez en junio pasado era Pullaro, lo que consta en el legajo, con el nombre del ministro identificado desde junio. El segundo es que en la grabación la voz del ministro, que es de notoriedad pública, es clara. El tercero es que Rodríguez lo llama «ministro».
Todos estos elementos implicarían un delito de falsedad ideológica, cometido por María Laura Martí contra el juez Falkenberg por omitir ese dato de vital importancia, aunque es claro que ambos fiscales tienen responsabilidad en el tema y será responsabilidad de la auditoría investigar a fondo las responsabilidades del caso.
