Una cumbre de empresarios y sindicalistas esta semana encenderá las luces de alerta en el Gobierno. La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibirá mañana a los máximos dirigentes de la CGT para consensuar posiciones respecto de temas de preocupación común: apertura de importaciones, desempleo, caída en la actividad, deterioro de las pequeñas y medianas empresas y los efectos del tarifazo en las plantas fabriles, entre otros. El encuentro forma parte de una agenda de contactos multisectoriales de la central obrera, destinada a sumar masa crítica en vistas de un inexorable paro contra el Gobierno previsto para octubre.

La estrategia del triunvirato de líderes de la CGT contempla agotar las vías de diálogo con funcionarios, por un lado, y sumar gestiones con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, por otro. La semana pasada el trío compuesto Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña dio el batacazo al recibir a movimientos sociales y piqueteros, con los que el sindicalismo tradicional históricamente rivalizó, y esta semana continuará con intendentes peronistas del conurbano, hoy, mañana con la UIA y pasado, con la Conferencia Episcopal Argentina, como había adelantado este diario.

En la central obrera descartaron la posible vinculación de la cumbre con los industriales con un impulso al meneado aunque nunca concretado- acuerdo económico y social. Creen en el triunvirato que un entendimiento de esas características (que agitaron, sin poner jamás en práctica, desde Néstor Kirchner y su esposa, Cristina, hasta el propio Mauricio Macri en las últimas semanas) sólo podría ser analizado en una instancia de expansión de la economía, como un mecanismo adecuado para administrar beneficios, pero de ninguna manera en un período de ajuste como el actual.

En cambio, los sindicalistas creen que en la actualidad son más las coincidencias que las diferencias con la entidad fabril, al menos con los dirigentes que alientan un mayor proteccionismo por parte del Gobierno.

El factor más urgente de inquietud por parte de la dirigencia gremial pasa, al menos en los enunciados públicos, por el agravamiento en el mercado laboral constatado en lo que va del año. Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) advirtió que sólo de su sector se perdieron unos 90 mil puestos de trabajo en los últimos ocho meses, entre obreros formales y operarios informales. Al respecto, y con el acuerdo de la CGT con movimientos piqueteros en vista, Macri llamó la semana pasada a Martínez para llevarle tranquilidad sobre un al parecer- inminente relanzamiento de la obra pública destinado a recuperar el nivel de empleo en la actividad. En paralelo, el metalúrgico Antonio Caló advirtió la semana pasada que de su gremio se perdieron casi 10 mil puestos de trabajo y que otros 15 mil operarios se encuentran suspendidos.

Sin embargo, la agenda más urgente de los gremios entronca con la de la UIA en varias aristas, como el crecimiento de las importaciones y su efecto en sectores industriales sensibles, como el textil, el de calzado y los jugueteros, entre otros, o las consecuencias que tendrá el ajuste de tarifas en las empresas más pequeñas. Al respecto, el industrial José Urtubey había avisado que al menos 7 mil pymes se encontraban en riesgo inminente en caso de que les fuera aplicado el tarifazo tal cual lo había elaborado el Gobierno. Sobre este punto, este viernes la CGT enviará a la audiencia pública convocada por el Ministerio de Energía a dos de sus secretarios, Francisco «Barba» Gutiérrez (Interior) y Noé Ruiz (Igualdad de Oportunidades).

Este mes, sin embargo, todas las miradas del sindicalismo estarán puestas en la reunión del Comité Central Confederal de la CGT prevista para el 23 de septiembre, y en la que se da por sentado que se dispondrá un paro nacional. La certeza de que hasta entonces el Gobierno no dará marcha atrás con sus medidas de ajuste es tal que el grueso del debate en la central obrera pasa por determinar qué jueves, si el 20 o el 27, se hará la huelga. La resolución de esa protesta congregará, de manera automática, a las dos versiones de la CTA, que sólo esperan la fijación de la fecha para adherir, y de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con las que CGT trazó un pacto estratégico de largo plazo.