Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

Las comisiones de Legislación Penal y Legislación General iniciaron las reuniones para tratar uno de los temas que remarcó en su discurso el presidente Mauricio Macri cuando abrió el pasado 1º de marzo las sesiones ordinarias legislativas: la responsabilidad penal empresarial.

Los diputados del Bloque Cambiemos Gabriela Burgos y Daniel Lipovetzky, responsables de ambas comisiones respectivamente, serán los encargados de dar dictamen a este proyecto presentado en octubre de 2016 por la Oficina Anticorrupción y que busca atacar la otra cara de la corrupción: las empresas privadas.

El presidente de la Comisión de Legislación General dialogó con Conclusión y sostuvo que “las personas jurídicas, como las empresas, han sido protagonistas de los actos de corrupción más grandes que hemos visto en 12 años de gobierno kirchnerista».

Y cargó tintas contra la anterior gestión a afirmar que desde su espacio tienen que «seguir investigando a los personas humanas responsables, pero es fundamental avanzar en este tipo de legislación para que se pueda investigar y sancionar a las empresas que hoy se ven implicadas en hechos de corrupción, que tanto daño le han ocasionado al Estado”, expresó Lipovetzky, haciendo referencia a los hechos de corrupción como el caso Hotesur-Aerolíneas.

Según el diputado Lipovetzky, «los presuntos sobreprecios y el pago de coimas en la obra pública siguen revelando día a día datos escandalosos que ponen en el ojo de la tormenta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner».

“Queremos un buen debate y avanzar en esta legislación que ya se viene tratando en países de la región como Chile y Brasil. Para los Kirchner no era conveniente impulsar una ley como ésta”, remarcó el legislador bonaerense.

La reunión informativa avanzó en la discusión con la presencia de especialistas, académicos, representantes de empresas y funcionarios judiciales. El proyecto propone cambios en el Código Penal para establecer un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho trasnacional.

Por último, Daniel Lipovetzky señaló que entre sus prioridades se encuentra «el pronto tratamiento en ese ámbito parlamentario del proyecto impulsado por el presidente Mauricio Macri, quien solicitó su aprobación como parte de un paquete de medidas que buscan darle más transparencia a la gestión pública. El Gobierno busca de este modo cumplir con las recomendaciones de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) para la lucha contra la corrupción y el soborno trasnacional», finalizó el legislador.