El frente Unidad Ciudadana, que encabeza la ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner, advirtió hoy, tras la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, sobre una «persecución judicial» para «atemorizar a dirigentes de la oposición» y, tras señalar que «está en riesgo la democracia argentina», responsabilizó por ello al gobierno nacional.
Así lo expresó a través de un comunicado de prensa difundido esta tarde, en el que denunció «la delicada situación que atraviesa la democracia argentina» porque -argumentó el espacio encabezado por la ex mandataria- «se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes».
El escrito hizo referencia a la detención de Boudou; al alejamiento de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de su cargo a partir del 31 de diciembre próximo; y a la suspensión del juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Federico Arias; pero no incluyó mención alguna al detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El comunicado, difundido horas después de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y replicado por Cristina Kirchner en su cuenta de Twitter, hizo referencia a «una clara maniobra intimidatoria y extorsiva, que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo».
«En Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar», advirtió Unidad Ciudadana.
Incluso, al advertir sobre sobre esa «maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país», señaló que abarca «a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la Justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional».
«Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias Juez en lo contencioso de La Plata», enumeró.
Por otro lado, el comunicado de Unidad Ciudadana plantea que, «en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país».
Además, señala que, «en el día de hoy, el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del ex vicepresidente Boudou por un posible ‘entorpecimiento’ a la Justicia», y sostiene que ese magistrado «es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa Socma, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse».
«Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente», continúa el comunicado.
En este sentido, sugiere que «es claro que la actual situación procesal del presidente Mauricio Macri, en cuanto a la posibilidad de obstrucción de la Justicia en causa propia, es infinitamente más grave, por cierta, concreta y efectiva, que la del ex vicepresidente».
«Está más que claro que la privación de la libertad del ex vicepresidente no tiene nada que ver con la causa por la que se lo investiga. Es una clara maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo disciplinar a los dirigentes sindicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece consumos populares», finaliza el texto.
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